UNA reciente encuesta telefónica realizada por la Confederación Católica de Padres de Alumnos, Concapa refleja que los maestros de infantil y primaria son los docentes más valorados por los padres de alumnos, que además los consideran mejor formados para su trabajo que a los profesores de secundaria, formación profesional y universidad para el suyo.

Por supuesto que los padres consultados tienen pleno derecho a opinar sobre ése o cualquier otro tema, pero no deja de resultar curioso que los realizadores de la encuesta no hayan preguntado a esos padres cuál es su propia formación. Porque para juzgar con un mínimo de criterio a docentes que imparten materias cada vez más especializadas y a más alto nivel es del todo imprescindible tener algún conocimiento de ellas o, al menos, una cierta formación intelectual que capacite para distinguir grosso modo la solvencia profesional de esos profesores. De lo contrario, esas opiniones tendrán la misma validez que la mía acerca de la formación de los astronautas.

Pero vayamos a los datos disponibles. No estará de más recordar que, recientemente, se puso de manifiesto el escandalosamente bajo nivel formativo de la mayoría de los aspirantes a ocupar plazas de maestro de primaria en la enseñanza pública madrileña. Y eso no es una opinión más o menos autorizada, sino un hecho constatado repetidamente en las oposiciones. Así pues, tal vez las opiniones de los padres tengan que ver más con otras cosas que con la formación real de unos y otros docentes. Por ejemplo, con la demagogia pedagógica que lleva lustros lanzando el dulzón y perverso mensaje de que lo importante no son los conocimientos adquiridos sino la felicidad del niño. Eso fomenta en los primeros cursos una falta de exigencia académica cuyas funestas consecuencias se ocultan mediante una falsa complicidad afectiva de los maestros con los padres. Para un maestro de primaria resulta muy sencillo no exigir nada o casi nada a sus alumnos, es decir, no enseñarles nada útil, y transmitirles después a sus padres la untuosa idea de que todo va bien porque los niños son felices y creativos. Después, cuando en niveles educativos superiores se pongan de manifiesto las carencias acumuladas en primaria, serán los profesores de esos niveles quienes se vean obligados a dejar constancia del insuficiente nivel de conocimientos de esos alumnos, con el consiguiente disgusto de unos padres acostumbrados a un trato tan amable como irresponsable por parte de los docentes anteriores.

Pero la responsabilidad última de tan dañino proceder hay que buscarla en los pedagogos que diseñaron la Logse y la LOE y en muchos de los políticos que gestionan la educación, que son los que llevan más de veinte años empeñados en mantener vigentes unos supuestos pedagógicos que han dado pruebas más que sobradas de inoperancia. Aquí, en Andalucía, por ejemplo, no ha habido consejero o consejera de Educación que no lanzara a la prensa el gratuito mensaje de que a los profesores de secundaria les falta formación, y no por falaces dejan estos mensajes de calar en la opinión pública. Curiosamente, se da la circunstancia de que han sido precisamente los profesores de secundaria los que más activamente han denunciado los disparates de la llamada pedagogía progresista. Y curiosamente, se da también la sospechosa circunstancia de que la Consejería de Educación les ha aplicado a estos profesores recortes económicos claramente discriminatorios con respecto a los maestros de primaria, lo que contraviene la Constitución Española.

Por otra parte, la Consejería de Educación andaluza se obstina en colocar a maestros de primaria en puestos para los que no están capacitados ni siquiera legalmente. Por ejemplo, impartiendo el segundo ciclo de secundaria para adultos y ocupando jefaturas de departamento o coordinaciones de área en institutos. Incluso existe algún caso en el que maestros que ignoran el idioma inglés desempeñan el cargo de coordinador de bilingüismo en centros en los que hay licenciados en filología inglesa. No se me ocurre otra finalidad de tal proceder que no sea promover la titulación indiscriminada e injusta de los alumnos, ya que un docente que se ve obligado a impartir una materia que desconoce tenderá siempre a la manga ancha antes que a la debida exigencia académica, pues aprobando a todo el mundo se evitan posibles reclamaciones que podrían poner de manifiesto la baja calidad de sus clases.

Así pues, en conjunto, creo que los resultados de la encuesta telefónica realizada por la Concapa pueden atribuirse en buena medida, al menos en Andalucía, a la torticera y continuada campaña de desprestigio de los profesores de secundaria llevada a cabo por los máximos responsables de la Consejería, que parecen dispuestos a todo con tal de no reconocer las funestas consecuencias de los aberrantes principios pedagógicos que defienden y de su desastrosa gestión.