LA polémica suscitada por las instrucciones del servicio de Inspección de Sevilla sobre reclamación de las calificaciones de los alumnos es un síntoma más del desbarajuste que vive el mundo de la educación. Hace tiempo que asistimos a una profunda transformación de los sistemas educativos a nivel mundial, una reformulación en toda regla del sentido de la educación y del modo en que se gestiona la escolarización. Estos cambios trastocan funciones e identidades, afectando significativamente al papel de los alumnos, las familias, los gestores del sistema y al de los docentes. Pero afectan también a la formación que deben adquirir los alumnos, es decir, a las características de los sujetos que la escuela tendría que producir.

Uno de los elementos más visibles del nuevo paradigma es el modo en que las autoridades gobiernan el sistema escolar. La acción educativa se referencia hoy a la obtención de resultados, el conocimiento a las competencias, y la gestión de los centros escolares a la de una organización burocrática regida por la consecución de objetivos cuantificables y, por supuesto, medibles. 

El entramado del nuevo modelo de gobierno de la educación se sustenta en un supuesto que me atrevo a calificar de gravemente erróneo. Bajo el principio de la eficacia y la cuantificación de todo, los porcentajes de los resultados académicos de los alumnos se consideran un indicador de éxito, de la misma manera que ocurre, por ejemplo, con el porcentaje de ventas de una gran superficie. Así, aumentar las ventas, en un caso, y mejorar las calificaciones en otro, se convierten en el objetivo de la gestión del sistema. Ahora bien, dada la naturaleza de la enseñanza, resulta que para alcanzar el objetivo pueden emplearse estrategias que desvirtúan el valor de los indicadores. Es decir, para vender más, hay que vender más, pero para mejorar los resultados académicos, basta con poner un cinco en lugar de un tres. De esta forma, como he dicho en otro artículo, el indicador, convertido en objetivo, deja de ser un buen indicador. Es posible que mejore el porcentaje de aprobados, pero ello no significa que los alumnos aprendan más ni que el sistema sea más eficaz. 

Evidentemente, la mejora del rendimiento académico es un objetivo siempre deseable, pero no sirve cualquier fórmula para conseguirlo. A diferencia de las ventas en las grandes superficies, el modo en que se logran buenos resultados no es irrelevante. En la educación el foco no está sólo ni fundamentalmente en las calificaciones de los alumnos, sino en el proceso de trasmisión y adquisición de conocimientos.

Pero la política educativa basada en la lógica de resultados está regida meramente por el efecto mediático de los números, nada tiene que ver con la mejora de la formación de los jóvenes. Antes al contrario, produce efectos perversos sobre la calidad de la educación y sobre el desarrollo cultural de un país. 

La autolimitación que se imponen los gobiernos al reducir su actuación a la consecución de estadísticas engañosas es terreno abonado para el florecimiento de burócratas, pues los problemas de la educación se reducen a problemas de gestión y medición. A pesar de la complejidad de la educación, ya no caben más análisis que la simplicidad de los números.

Frecuentemente en la historia de la educación las políticas de las administraciones educativas han encontrado en el profesorado un obstáculo. Unas veces por reacciones corporativas y otras porque esas planes están muy alejadas de la realidad con la que trabajan. Con la política de números está ocurriendo algo parecido.

Atendiendo a criterios profesionales, los docentes se resisten a maquillar los resultados. Pero, puesto que formalmente los profesores disponen todavía de la posibilidad de influir sobre ellos, aprobando o suspendiendo, la burocracia ha descubierto fórmulas para sortear ese inconveniente y arrebatarles esa atribución, bien sea mediante la presión encubierta o bien, como el caso que nos ocupa, mediante una especie de truco. En un juego de malabarismo resulta que si los alumnos suspenden es porque usted, profesor o profesora, no ha rellenado alguno de los dieciséis documentos enumerados por el Servicio de Inspección y, si usted no cumple con semejante protocolo, la conclusión es que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios y, por tanto, aprueba, pasando a engrosar la cuenta de resultados. 

Valorar el grado de conocimientos adquiridos por un alumno en función de procedimientos meramente administrativos y generalmente inútiles es una ecuación que desborda ampliamente el sentido común. La lógica burocrática que gobierna hoy el mundo de la educación está haciendo un flaco favor a la formación de los jóvenes. Y mucho me temo que los responsables políticos no tienen ni idea de las devastadoras consecuencias que tienen estas fórmulas cocinadas en dependencias muy alejadas de las aulas.