CREO que inmediatamente no hay solución completa y definitiva para el problema de Cataluña. La negación del problema es contraproducente, la solución federal probablemente no satisfaría a la mayoría de su población y la aceptación de las reivindicaciones nacionalistas catalanas no cabe en el ordenamiento jurídico español, ordenamiento que las autoridades estatales se niegan a alterar de modo que dichas reivindicaciones puedan ser satisfechas.

Desde una llamada moral natural, creo que tan aceptable es defender el nacionalismo catalán o el escocés como el español o el británico, o no defender ninguno; yo no soy nacionalista: lo que deseo es una organización estable (llamada Estado en los últimos siglos) que sea democrática, respetuosa de los derechos humanos y prestadora de servicios básicos a sus ciudadanos, siéndome indiferente que su ámbito geográfico sea Andalucía, España o Europa, si bien la actual globalización aconseja una entidad jurídica de ámbito muy amplio, con una sensata descentralización de poderes: en 2014 un español debería perseguir una efectiva integración europea.

Por ello, que Cataluña o el País Vasco deseen ahora separarse de España y constituir estados propios me parece algo así como resucitar a Don Juan Tenorio o a la Santa Alianza: lo que verdaderamente deberían plantearse unos y otros es si a Barcelona o a Vitoria les conviene vincularse a Bruselas directamente o a través de Madrid, no si obtienen una soberanía que sólo consistiría en una declaración jurídica, pues lo que denominaríamos soberanía real tampoco lo tienen hoy ni España ni Francia, aunque sí lo tengan EEUU o China.

Por todo lo dicho, si fuera catalán, no se me pasaría por la cabeza plantearme ese problema, que sí tuvo sentido desde 1640 hasta bien entrado el siglo XX. Ahora bien, es perfectamente respetable que un catalán quiera separarse de España: si mayoritariamente los habitantes de Cataluña quieren dejar de ser españoles, no debemos compelerlos a que sigan casados con nosotros; otra cosa es que deban ser adoptadas unas medidas mínimas para asegurarnos de la limpieza en el procedimiento de decisión, de la ausencia de manipulación, de la igualdad de trato de todas las opciones en los medios, etcétera; pero el respetable interés de los españoles no catalanes en que tal separación no se produzca no debe impedirla coactivamente, pues hacerlo constituiría una imposición no democrática generada democráticamente, del mismo modo que no sería aceptable que EEUU decidiera invadir México porque dicha invasión fuese decidida por el 99% de los congresistas norteamericanos: nos encontraríamos ante un procedimiento correcto para producir un contenido incorrecto. Y no me vale el argumento de que en nuestro caso ya existe una unión desde hace siglos. A mi juicio, no cabe invocar unidades sagradas de las patrias ante la voluntad inequívoca y mayoritaria de los integrantes de un concreto territorio.

Hasta aquí, los principios; pero, para conseguir dicho efecto, es necesario alterar la Constitución española, pues ella, tal como está, no lo permite; cambiar su contenido para posibilitar ese proceso es teóricamente posible, pero las fuerzas políticas españolas no querrán hacerlo: o no activarán el artículo 168 de la Constitución o, si lo hicieran, votarían en contra de las normas que pudieran desembocar en un referéndum decisorio de ámbito catalán. Por añadidura, la Unión Europea no es demasiado propensa a colaborar en esa tarea. Yo sugeriría a mis amigos catalanes separatistas que volviesen a la realidad, valorando el problema en su verdadera dimensión, que reconsideren si les conviene un proceso tontamente traumático que, de obtener un improbabilísimo éxito, les provocaría graves consecuencias que les alejarían de ser esa hipotética Holanda del Mediterráneo en la que sueñan. Aspiro a que en no mucho tiempo todas estas trifulcas se disuelvan en una Europa en la que España, Francia, Alemania, Cataluña y Baviera sean territorios prósperos pero entidades del pasado

A los nacionalistas españoles les digo que la Constitución es un documento jurídico modificable y que España es un producto histórico que tuvo su principio y tendrá su fin: los estados deben servir a los hombres, no viceversa. Y las naciones son creaciones de la mente. No así los estados o las entidades que en el futuro los sustituyan, pues son estructuras necesarias para que las comunidades humanas puedan vivir pacíficamente, dirimir sus conflictos y satisfacer sus necesidades de educación, sanidad y cultura, siendo imprescindible que sean democráticos y que sus normas salvaguarden determinados derechos: su ámbito geográfico depende de su eficacia y no tiene que depender de grandes esencias históricas ni de unidades de destino en lo universal. ¡Cuántos sufrimientos causados por ese tema, olvidando que hay otros mucho más importantes! Es posible que los españoles estemos cerca de un problema muy serio por un motivo perfectamente ridículo sustentado en el anacronismo de dos nacionalismos; tenemos quizá un verano para serenarnos.