SE acercan jornadas decisivas para el conflicto catalán. El desafío independentista se concretó por el presidente de la Generalitat a fecha fija: la Diada de pasado mañana como manifestación masiva de respaldo a la consulta ilegal sobre la secesión de Cataluña, la aprobación inmediata de la ley autonómica que pretende darle cobertura jurídica al referéndum, su automática impugnación por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y la más que previsible suspensión por parte del Alto Tribunal de su celebración en defensa de la Constitución que lo prohíbe taxativamente. La duda es si, tras la prohibición, el presidente Mas se atreverá a convocar de todos modos el referéndum, que sería en todo caso un simulacro fuera de la ley condenado al fracaso. Y existe la duda porque el nacionalismo catalán llega a estos días completamente dividido y las declaraciones de sus distintos portavoces discrepan abiertamente sobre lo que la Generalitat debe hacer en estas circunstancias. En cualquier caso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso dejar claro en la reunión ayer de la cúpula del PP que el Ejecutivo tiene preparadas todas las medidas necesarias para impedir la celebración de la consulta. A esta situación se ha llegado por el empecinamiento de Artur Mas en el mantenimiento de su propósito a pesar de que conoce plenamente su ilegalidad y a pesar de las voces de un sector importante de la sociedad catalana, del empresariado y de las fuerzas políticas no soberanistas, incluyendo los aliados de CiU en el Gobierno de Cataluña, que han advertido reiteradamente de la ilegitimidad de la iniciativa de Mas, atenazado además por el escándalo que ha destrozado la reputación ética y política de Jordi Pujol, el padre del nacionalismo catalán contemporáneo y mentor y protector del propio Mas. Los intentos de negociación para resolver los problemas de financiación de Cataluña e incluso la propuesta de reformar la Constitución para un mejor encaje de la singularidad catalana siguiendo los cauces establecidos por la propia Carta Magna se han revelado inútiles. Rehén de los separatistas de Esquerra Republicana de Catalunya y gobernando en minoría tras su derrota electoral, el partido de Artur Mas, Convergència i Unió, va a culminar en los próximos días una huida hacia adelante que causará daños irreparables a la sociedad catalana, perjudicará al resto de España y ha envuelto ya a la nación española en una espiral de confrontación y crispación como no habíamos vivido desde la Transición a nivel territorial. El referéndum no se va a celebrar. La intentona de hacerlo sólo añadirá un problema más, y no menor, a los que ya sufren Cataluña y España.