EN sus Ensayos sobre el derecho de gentes, Concepción Arenal demostraba que sería imposible concebir Europa sin la defensa de los derechos humanitarios de extranjeros y refugiados. Según el Acnur, en el último año y medio se ha producido el mayor movimiento de refugiados y desplazados desde la II Guerra Mundial: casi 60 millones al año, de los cuales al menos 20 millones son niños. Cada día, 42.500 personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. En lo que concierne a la UE, los refugiados forman parte del conjunto de 219.000 personas que llegaron por vía marítima irregular en 2014, que son ya 325.000 entre enero y agosto de este año. De ellos, más de 3.500 murieron durante 2014 en su legítimo derecho de escapar de la violencia o el hambre. Entre enero y agosto de 2015, la fría y siempre parcial estadística oficial eleva ya a más de 2.500 el número de personas fallecidas.

Hasta ahora, la gestión fronteriza de la UE se ha justificado distinguiendo entre inmigrantes "irregulares" económicos y refugiados. Sin embargo, las denuncias sobre "huidas" del Derecho de Asilo, las sentencias del TEDH, los recientes movimientos masivos de personas -forzados por el deterioro de estados fallidos- y la situación en Líbano, Macedonia o Serbia están exigiendo una revisión completa de la política europea. Sólo en Turquía viven ya 1,6 millones de refugiados de distintas nacionalidades, destacando los de nacionalidad siria e iraquí (más de cuatro millones de sirios han dejado su patria huyendo de la guerra, el terrorismo y la persecución religiosa). Esta vecindad de Turquía ha convertido a Grecia en la principal vía de acceso a la UE, con más de 180.000 entradas de personas desde enero de 2015, la mayoría viviendo en parques y calles, a expensas de la caridad de asociaciones y voluntarios.

En una patente negación de sus principios humanistas fundacionales, la UE ha soltado lastre encomendado la tarea a los estados miembros para que "hagan frente a una crisis migratoria sin precedentes". Y, en un intento de compensar su inacción de los últimos años en escenarios donde Europa estuvo presente durante décadas, ha anunciado una "ayuda financiera sustancial" de 2.400 millones de euros que, en realidad, procede de una dotación ya prevista en los fondos de Asilo, Migración e Integración (AMIF) y de Seguridad Interna (ISF). Con este parcheo, la UE nos envía el mensaje de que estamos ante una cuestión presupuestaria que se puede resolver con dinero, cuando en realidad se trata de una cuestión política que reclama una reordenación de las funciones de Frontex (de salvamento humanitario en origen y en tránsito, además del control fronterizo) y, sobre todo, una ambiciosa estrategia de pacificación y de desarrollo coordinada con otras potencias regionales que aborde las causas y no sólo los efectos de un asunto que compromete seriamente la seguridad de todos y los principios fundacionales de Europa.

Prueba de que no estamos ante una cuestión que se resuelve con financiación para el control fronterizo es que el Consejo de la UE de 23 de abril de 2015 triplicó el presupuesto de Tritón y Poseidón. Como se ha reconocido desde Frontex, "tenemos dinero suficiente, pero no tenemos barcos, aviones y guardias de frontera para hacer efectiva esa inversión". De forma bilateral, Francia y Reino Unido han decidido la instalación de nuevas vallas con alambre de espino en los accesos al Eurotúnel, donde ya acampan más de 3.500 personas. También Hungría proyecta la penalización de la entrada ilegal y un segundo muro de alambres y concertinas en la frontera con Serbia para impedir el paso a su territorio o a Austria. Se acude a la falsa solución de levantar "muros de acero" aplazando la decisión al futuro, en la expectativa de que siempre habrá gobiernos que la afronten, aunque sea en unas dimensiones cada vez más inabordables, y más costosas económicamente y en términos de seguridad. Para completar el cuadro, Frontex ha previsto una privatización parcial de la gestión fronteriza a través de las subcontratación de empresas privadas de las operaciones de control y el avistamiento de personas, que es un ámbito muy poco propicio a estas técnicas de gestión indirecta por su estrecha vinculación con los derechos humanos.

¿Es compatible este débil liderazgo político de la UE y de la mayor parte de sus estados miembros con los fundamentos humanistas que inspiraron la creación del sistema europeo hace 65 años? Según nos dejó escrito Robert Schuman, la "ley de la solidaridad de los pueblos se impone a la conciencia contemporánea. Nos sentimos solidarios unos con otros (…) en la salvaguarda de la justicia y de la dignidad humana" (Pour l' Europe, 1963).