ESTÁ teniendo lugar en París la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para conseguir un acuerdo global hacia sociedades y economías que pongan freno a las emisiones de dióxido de carbono. Los compromisos que EEUU y China parecen dispuestos a asumir, permiten un optimismo sobre los resultados finales.

En los días previos se apeló al "estado moral", a la culpabilidad global sobre la situación del medio ambiente, se anunciaron desastres que van a suceder si la situación no se corrige. Ya el director general de la Organización Meteorológica Mundial declaró que "avanzamos hacia un territorio desconocido y la maquinaria se acelera a un ritmo escalofriante, aterrador, una situación que la raza humana no ha experimentado".

Si admitimos lo dicho por la Agencia de Meteorología Británica, de que la temperatura media global superará por primera vez en 2015, en más de un grado centígrado, los niveles que se registraron en la época preindustrial, parece que el estado del medio ambiente no puede calificarse como dramático, sobre todo si lo comparamos con la situación existente a comienzos del siglo XX, y los avances espectaculares registrados desde entonces, sobre todo en el apartado de la concienciación, y también de las acciones. Sería deseable que cualquier valoración acerca del medio ambiente no fuera utilizada para atemorizar, sino para realzar fortalezas, detectar debilidades, marcar una estrategia global, asignar compromisos y esfuerzos.

Este evento coincide con la tramitación del proyecto de norma que modifica la regulación de la vigente Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental de Andalucía, para adaptarse a la Directiva 2011/92/UE sobre evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de determinados proyectos, públicos y privados. Esta directiva introduce aspectos novedosos, como una relación de criterios objetivos para seleccionar qué proyectos deben someterse a evaluación, o la incorporación del "principio de proporcionalidad". Ambos responden a una concepción global sobre la protección del medio ambiente, en línea con la progresiva integración mundial de los mercados.

Con este nuevo enfoque se intenta evitar que en la UE una actividad quede sujeta a distintos umbrales o criterios de exigencia según el territorio donde tenga intención de implantarse y frenar los procesos de deslocalización de los usos productivos. No se trata de establecer unos criterios uniformes, sino disponer de un protocolo que permita contrastar el proceso de toma de decisiones en cada país miembro.

La adaptación de la normativa andaluza sobre prevención y protección del medio ambiente es una oportunidad para corregir algunos de los desequilibrios, y algunos avances registra el proyecto presentado para su tramitación parlamentaria, sobre todo en materia de simplificación de los procedimientos para obtener las preceptivas autorizaciones. Pero estos avances no garantizan una corrección del enfoque que ha servido para orientar las medidas de prevención, o para concretar los límites exigibles, y, sobre todo, para mejorar la gestión. Como ejemplo, ciertos acontecimientos sucedidos recientemente por su incidencia sobre la materia, caso de la anulación del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental, aprobado en 2006, o la también fallida revisión del PGOU de Marbella. En ambos supuestos el Tribunal considera que no se cumplen todas las exigencias que establece la normativa comunitaria sobre evaluación medioambiental, bien porque no se analizan las diferentes alternativas o porque ni siquiera se las identifica. Probablemente sin pretenderlo, sobrevuela la percepción de que se hizo una evaluación ad hoc.

En este sentido, una de las causas del déficit que distorsiona en Andalucía la prevención y protección del medio ambiente es la gestión de los instrumentos y medidas de desarrollo. La deficiente gestión por parte del sector público, o administración paralela, se ha convertido en una parte relevante de los desequilibrios que acumula el medio ambiente andaluz, y responsable de la percepción de que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente son objetivos antagónicos.

Otro supuesto que ejemplifica este déficit en la gestión es el estado que presentan las infraestructuras declaradas de interés autonómico sobre depuración y vertido de aguas. Transcurridos 54 meses desde que se implantara el canon para financiarlas, recaudados por dicho concepto 300 millones de euros, y pese a que la tasa de paro en Andalucía supera la media nacional en diez puntos porcentuales, la realidad es que las ejecutadas o en fase de ejecución ascienden sólo a 60 millones de euros, que representa el 5% del coste total inicialmente presupuestado, cifrado en 1.300 millones de euros.

Por tanto, la adaptación de la legislación andaluza es un paso necesario, pero no el más importante para cambiar la realidad actual. Más planes, programas, evaluaciones medioambientales que se solapan, más exigencias, en definitiva, un mayor intervencionismo, ni asegura ni garantiza una mayor protección ambiental. La clave está en la gestión, entendida como el compendio del conocimiento, la experiencia, la interacción entre los distintos actores, enfocada a prevenir y preservar, pero sobre todo a poner en valor el medio ambiente y hacerlo reconocible para el conjunto de la sociedad.