LA filtración de la conversación grabada del ministro del Interior, Jorge Fernández, con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, difundida en vísperas de las elecciones, a los dos años de la entrevista, es un grave escándalo por partida doble. Por su montaje y por su contenido.

Fernández, y con él todo el PP, desvían la atención hacia el montaje: la utilización para la lucha electoral de una grabación ilegal, éticamente reprobable y penalmente punible (delito). Pero hasta eso se vuelve contra ellos. ¿Qué garantías puede ofrecer a los españoles un ministro al que espían en su propio despacho oficial? ¿En qué manos se halla la seguridad de los ciudadanos? Más inútil no se puede ser.

En cuanto al fondo de la cuestión, revela una de las peores perversiones de la democracia, a saber, el empleo -ni que decir tiene que espurio- de los resortes del Estado contra los adversarios políticos. En la conversación Jorge Fernández y Daniel de Alfonso planean, comentan y dialogan sobre iniciativas comunes para investigar y empurar a políticos independentistas. Si se tiene en cuenta que uno es el jefe supremo de los policías y el otro responsable de la Generalitat contra la corrupción se entenderá la gravedad de sus actuaciones.

Los dos se han salido del tiesto. El ministro del Interior ha puesto al descubierto que el Gobierno respondió al desafío soberanista de la peor manera posible, combinando la pasividad política con el uso ilegítimo del aparato estatal, y le ha suministrado al independentismo una oportunidad de oro para desplegar lo que más le gusta, el victimismo: no hay corrupción en Cataluña, todo es una turbia operación de Madrid. Por su parte, el de la Oficina Antifraude ha demostrado un extraordinario desparpajo al admitir que su auténtico título debía ser el de Español Infiltrado en la Generalitat contra la Independencia, amenazar a los partidos con sacar sus trapos sucios, pero no sacarlos, y urdir una maniobra para la sustitución de Artur Mas dentro de su propio partido. Nada de esto tiene que ver con sus funciones contra el fraude.

Como Mariano Rajoy, tampoco creo yo que este escándalo tan meticulosamente introducido en la recta final de la campaña vaya a generar muchos cambios en los resultados electorales. Pero sí después. Aumenta, sin duda, la soledad del propio Rajoy. Nadie quiere juntarse con él. Dicho de otro modo, no tiene socios para ser de nuevo presidente. Después del caso, menos.