EL Tribunal de Cuentas no aprecia menoscabo de fondos públicos ni responsabilidades contables en las subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía para los cursos de formación profesional para el empleo, según el acta de liquidación provisional de ese tribunal que ayer anticipó este periódico. El pronunciamiento es, de por sí, importante dado que lo emite el máximo órgano de fiscalización del Estado. Por la contundencia de sus argumentaciones deja poco lugar a las dudas. Pero, además, se conoce pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya descartado la existencia de delitos en las exceptuaciones o exoneraciones, lo que determinará en cuestión de poco tiempo el archivo de la denominada pieza política de una macrocausa en la que ya parece claro que va ser mucho más el ruido que las nueces. No es ninguna sorpresa: en las comparecencias judiciales y en las que realizaron ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz los interventores de la Junta -funcionarios del máximo nivel encargados de velar por la legalidad de los actos administrativos- ya descartaron el menoscabo del dinero público. A falta del pronunciamiento final del juzgado que lo está investigando, todo apunta a que, en lo que se refiere a las responsabilidades penales que pudieran afectar a la Junta de Andalucía, estamos ante un caso fallido que no ha sido otra cosa que una gigantesca operación política y mediática para desgastar al Gobierno andaluz. El escándalo de los cursos de formación iba a dejar pequeño el de los expedientes de regulación de empleo y se hablaba de un fraude de 3.500 millones de euros. Hoy, los mismos que se dedicaron con absoluta irresponsabilidad a lanzar esas acusaciones guardan un elocuente silencio o hacen, como algún dirigente del PP andaluz, patéticas declaraciones anteponiendo el valor de un atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al acta de liquidación emitida por el Tribunal de Cuentas. El caso de los cursos de formación se ha convertido en un magnífico ejemplo de cómo se ha contaminado la Justicia por intereses políticos y de hasta dónde se ha llevado la doctrina de que todo vale con tal de perjudicar al adversario. No sólo se le ha hecho daño a la Junta y a los socialistas que la gobiernan. También se le ha hecho a la imagen de Andalucía y a las miles de personas que tenían legítimo derecho a recibir formación profesional en los programas que quedaron paralizados cuando estalló el escándalo. Ahora lo importante es que la investigación judicial siga hasta que no quede ninguna duda sobre los hechos denunciados y cuando el sumario esté archivado será la hora determinar responsabilidades políticas y juzgar actuaciones. Por ejemplo, del Ministerio del Interior y de algunos dirigentes políticos.