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Editorial

Cataluña: es hora de que se haga cumplir la ley

EL Parlamento de Cataluña dio ayer un paso más en la ruptura con la legalidad vigente al dar luz verde al proceso de desconexión con España. Pese a las advertencias en contra del Tribunal Constitucional, la Cámara autonómica debatió y aprobó con el voto de las fuerzas nacionalistas las conclusiones de la llamada Comisión de Estudio del Proyecto Constituyente, una auténtica hoja de ruta para la independencia que ignora y desprecia la Constitución Española y aboga por un proceso de desconexión del resto del país que culminaría en unas elecciones constituyentes y un referéndum para la definitiva secesión. Es decir, el Parlament vulnera conscientemente el ordenamiento jurídico que lo legitima e inicia un proceso de incalculables consecuencias.

Si la primera premisa que debe cumplir un Estado de Derecho es que las autoridades e instituciones públicas cumplan y hagan cumplir la ley, podemos decir que en Cataluña hace ya tiempo que el Estado de Derecho ha quebrado. Llevamos meses asistiendo a un auténtico y desvergonzado desacato por parte de las autoridades autonómicas catalanas al Tribunal Constitucional y ya es hora de que se ponga fin a esta situación. Previendo una circunstancia como la que hoy vivimos, el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que fue aprobada en las Cortes y que, ahora, debe ser aplicada. Por eso, nos parece bien que la vicepresidenta en funciones haya ya anunciado el inicio de acciones legales. No es el momento de ser tibios con un problema que ya ha agotado todas las soluciones políticas y que va camino de convertirse en un auténtico cáncer para el Estado. Tanto el Constitucional como el Gobierno deben hacer que se cumpla inmediatamente la ley con todas sus consecuencias, aunque eso conlleve la inhabilitación de cargos públicos catalanes y asumir un periodo de alta tensión política en esta comunidad autónoma.

Lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña nos recuerda también los riesgos de no tener un Gobierno estable y fuerte que pueda hacer frente a un problema de primera magnitud como éste, que pone en riesgo la propia existencia del Estado. Por contra, llevamos más de medio año con un Ejecutivo en funciones y unas Cortes atomizadas que son incapaces de dotar al país de un presidente. La incapacidad de nuestros políticos para llegar a un acuerdo puede pasarnos una factura excesivamente elevada.

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