HACE tres años, el arquitecto y director del departamento Técnico de Dolmen, Luis Uruñuela Mesa, escribía en estas páginas un interesante artículo sobre la necesidad de adaptar las viviendas de VPO a la realidad de la sociedad en la que nos encontramos, proponiéndonos imaginar y crear modelos acordes con las diversas formas de vida de la población. Finalizaba con una llamada de atención a los autores de la planificación urbanística como responsables iniciales y claves en el proceso de construcción de viviendas. De la lectura de aquella reflexión me interesa destacar en esta ocasión una cuestión que él consideraba irrenunciable, que comparto absolutamente y sobre la que voy a abundar: la superficie de la vivienda.

Según la normativa actual, el precio de venta de la vivienda está en función de los metros cuadrados útiles que podrá disfrutar el futuro propietario. Por consiguiente, a menos metros cuadrados, más barata resulta la vivienda para el comprador. También, desde el punto de vista de servicio a la sociedad, y de imagen política, a igual cantidad de metros cuadrados construidos más viviendas se pueden ofertar, más familias pueden alojarse. Parece por consiguiente obvio, y en cierto modo así se sigue desarrollando en los proyectos, el principio de que a mayor número de viviendas para una misma superficie, mejor oferta. El mejor proyecto de VPO es aquél que consigue meter el mayor número de viviendas en el solar, siempre que cumplan los mínimos de superficie establecidos en la normativa. El objetivo se consigue, como es natural, disminuyendo y ajustando la vivienda a mínimos de superficie, que raya a veces en lo crítico.

Sin embargo, es necesario replantearse la cuestión de la superficie y la distribución de la vivienda, a la luz de los nuevos criterios de sostenibilidad que poco a poco se van definiendo e imponiendo en todos los ámbitos de la edificación, y que en estos tres últimos años han ganado terreno en el pensamiento de la responsabilidad social.

Los costes de construcción de una vivienda no son proporcionales a su superficie, sino que disminuyen conforme ésta va aumentando de tamaño. La construcción de viviendas tiene un grupo de costes fijos que no dependen de su superficie, sino de su distribución, como pueden ser el número de cuartos de baño o aseos, la puerta de entrada a la vivienda, las puertas de paso, la instalación eléctrica o las ventanas. Por consiguiente, a igual edificio con idéntico programa funcional como, por ejemplo, un bloque de viviendas de cuatro plantas con dos viviendas por planta de tipo normal, la diferencia de costes entre 70 y 85 metros cuadrados es poco significativa. No cabe por tanto duda de que, desde un punto de vista de sostenibilidad, es rentable producir más superficie habitable a menor precio. El enorme esfuerzo inversor y en gestión que ha de hacer la sociedad para producir viviendas se verá así recompensado por un producto de mayor calado en la vida cotidiana de las personas que van a habitarlas.

En otro orden de cosas, aunque el Código Técnico de la Edificación (CTE) pretende mejorar la calidad de las viviendas, y a través de ella la sostenibilidad, no debemos olvidar que el mayor parámetro de calidad de una vivienda, en términos generales, es la disponibilidad de superficie. Sin embargo, sobre este tema el CTE no prescribe condición alguna, manteniéndose en vigor las Normas técnicas de diseño y calidad de la vivienda social, que aunque han sido un excelente marco de trabajo en las tres últimas décadas, necesitan una modernización y sobre todo una elevación de mínimos. Afortunadamente, la Junta de Andalucía ha actualizado recientemente esta normativa (orden de 21 de julio de 2008, BOJA 154). Un esfuerzo que esperamos dé sus frutos pronto.

Así las cosas, la aplicación del CTE supone de hecho un encarecimiento del precio de construcción, operación y mantenimiento de las viviendas, que se estima según las fuentes entre un 15% y un 20%. Esta situación seguirá y sólo se podrá amortiguar cuando se disponga de nuevas tipologías edificatorias o se recuperen modelos del pasado reciente que obvien su aplicación y que la planificación urbanística autorice a construir. Encerrados en el círculo vicioso de una planificación urbanística obsoleta e inflexible, nos tememos que la aplicación de una normativa (CTE) que implica incrementos de coste por metro cuadrado de edificación en aras de un justo deseo de calidad en un mercado sin dinero ni crédito para adquirir la vivienda implicará la búsqueda de los precios más bajos posibles y, en consecuencia, la disminución de la superficie de las viviendas, que cada vez se harán más pequeñas.

Creo que es una situación realmente insostenible, ya que las condiciones de habitabilidad adecuadas y otros derivados de mi experiencia en el uso y la dinámica de la vivienda popular y marginal, sobre la que no me extiendo ahora, implican inexcusablemente la disponibilidad de superficie para el desarrollo económico y social de las familias. Es más rentable, más sostenible en la terminología actual, aumentar la superficie de las viviendas y resolver distribuciones que no estén encaminadas exclusivamente a pernoctar y convivir en un salón a todas luces insuficiente. Es preciso recuperar la realidad de habitar, solucionar de una vez por todas la estancia, la residencia, y apoyar las economías basadas en la utilización de la vivienda como centro complementario de trabajo.

Probablemente sea también necesaria una revisión del concepto de calidad concentrando esfuerzos en elementos relevantes y relegando otros que pueden ser mejorados en el tiempo. Se han perdido tradicionales diseños de vivienda con grandes terrazas que permitían espacios libres propios y podían, más adelante, cuando la disponibilidad económica lo permitía, ser cerradas por los propietarios, mejorando la superficie habitable de la misma.

En conclusión, podemos afirmar que la vivienda de mayor tamaño cuesta más, exige una inversión mayor y consume más suelo, sin embargo el coste por metro cuadrado construido es menor. Disponer de una vivienda de mayor tamaño es sin duda más sostenible para las familias, ya que pueden crecer sin trasladarse de domicilio, alojar a padres, abuelos o familiares con holgura y realizar trabajos o tareas complementarias. Hay que recordar que la sostenibilidad implica actuaciones estables y duraderas.

Es obligado acabar este artículo con una llamada de atención a la correcta política de planificación urbanística. Llamada que en realidad es un clamor multitudinario compartido por los profesionales que asisten atónitos a un planeamiento urbanístico en el que la arquitectura es una actividad residual, un encaje laberíntico en el que las tipologías edificatorias, auténticas joyas heredadas de la arquitectura social contemporánea con experiencia contrastada, no tienen cabida.