DIEZ años y medio después de que la fractura de la balsa de Boliden en Aznalcóllar vertiera a través del río Guadiamar y hasta las mismas puertas de Doñana unos 7 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, en lo que constituyó la mayor catástrofe ecológica de España, el Tribunal de Apelación de Suecia ha admitido a trámite una petición de la Junta de Andalucía para que se proceda a un embargo cautelar por 141 millones de euros a la matriz de Boliden. El objetivo es que la multinacional minera sueco-canadiense, conforme al principio universal de que quien contamina, paga, afronte la factura de la regeneración del Guadiamar y el entorno de Doñana, asumida casi en solitario por la Administración. Cabe recordar que la filial española de la compañía minera, Boliden-Apirsa, se constituyó con sólo 500.000 pesetas, y cuando tras la catástrofe se declaró en quiebra, ni la Junta ni el Gobierno pudieron resarcirse del coste de la descontaminación ante la alegada falta de recursos propios de la empresa, mientras que la multinacional radicada entre Suecia y Canadá se iba de rositas pese a los miles de millones que cobró en subvenciones por el teórico mantenimiento de los puestos de trabajo. Aunque se trata sólo de la admisión de un recurso en apelación, la decisión del Tribunal sueco supone un hito en el calvario jurídico sufrido por la Junta en los diez años que lleva tratando de cobrarle la factura a Boliden, pues por vez primera aquél admite la doctrina del levantamiento del velo y con ello la posibilidad de que se declare la responsabilidad de la multinacional minera. Y es que el Gobierno andaluz había fracasado hasta ahora en su intento, fuera cual fuera la vía jurídica elegida: se dictaminó que no había delito en el vertido; después no prosperó la demanda por la vía civil; posteriormente, tampoco fructificó el recurso por lo contencioso administrativo. Sólo quedaba este último cartucho y la Junta lo ha aprovechado. Así que, con todas las cautelas, hay que felicitarse porque al menos se abre una puerta a la esperanza de poder recuperar el dinero gastado. Lo paradójico es que sea la Justicia extranjera la que propicie esta oportunidad en vez de la española, hecho demostrativo de que la introducción de la figura del delito ecológico en nuestro ordenamiento jurídico (año 1995) a la hora de la verdad se demostró papel mojado.