La atención de los gobiernos y de los bancos centrales en la crisis económica se ha concentrado en evitar el crash financiero y, posteriormente, en implementar políticas fiscales para evitar que la recesión degenere en depresión. Las previsiones apuntan a que la recesión se prolongará a lo largo de 2009 para iniciar la recuperación el próximo año. En el caso de España, la duración de la crisis puede ser algo superior y la recuperación más complicada, porque a los problemas compartidos con otros países desarrollados se han de sumar los necesarios ajustes inmobiliario y exterior. Además, la economía española no podrá volver a una senda de crecimiento aceptable y generar empleo sobre las mismas bases que en la etapa de expansión concluida, por lo que tendrá que aumentar su competitividad si no queremos alejarnos de los estándares de bienestar de los países más desarrollados. Por ello, los organismos internacionales y analistas económicos son unánimes en reclamar reformas estructurales que favorezcan el aumento de la competitividad. El listado de reformas estructurales puede ser muy amplio, pero existe un elevado nivel de coincidencia en destacar que hay que cualificar los factores de producción, mejorar el funcionamiento de algunos mercados y del sector público.

En relación con los factores, el capital humano es el factor clave de la competitividad de las economías avanzadas. En España han aumentado los niveles de formación, pero la calidad del sistema de educación deja mucho que desear, como lo ponen de manifiesto las diversas encuestas internacionales, como constatamos diariamente los enseñantes o como corroboran muchas empresas que tienen dificultades para seleccionar empleados con la cualificación adecuada, por lo que se hace necesario un sistema de formación flexible y enfocado al aprendizaje a lo largo de toda la vida, que incentive la preparación de los docentes y el esfuerzo de los estudiantes. También existe un elevado acuerdo sobre la relevancia de la I+D+I, en la que la economía española dista mucho de la inversión de las economías más dinámicas, y más aún de la acometida por las empresas. La restricción más significativa a la inversión empresarial es que el mercado no retribuye adecuadamente a los que innovan, por lo que es necesario mejorar el funcionamiento de la competencia y evitar los incentivos empresariales perversos. También entre los factores se hace necesario el estímulo a la inversión de capital físico productivo, determinante del aumento de la productividad.

En relación con los mercados, existe una elevada coincidencia en demandar una reforma del mercado de trabajo, donde aún la herencia del paternalismo franquista sigue manteniendo un mercado escasamente flexible para adaptarse a la cambiante realidad económica y estimulante para la generación de empleo. Por otra parte, la mala calidad del marco regulador del mercado inmobiliario se ha puesto de manifiesto en la etapa reciente en la que se ha generado un exceso de oferta, los precios han subido desorbitadamente, ha provocado un impacto ambiental notable, ha propiciado una insana atracción especulativa de capitales y los episodios de corruptelas han menudeado. También las restricciones a la competencia se ponen de manifiesto en otros mercados, como en la distribución comercial, en múltiples servicios profesionales y otros servicios (puertos, telecomunicaciones, aeropuertos, ferrocarriles, electricidad, distribución de otras energías), donde una mayor competencia permitiría reducir costes de producción.

El sector de la energía es un sector estratégico para cualquier país, y más aún para España, con una elevada dependencia exterior. La seguridad en el suministro, la reducción de los costes energéticos y la protección medioambiental exigen un modelo energético diversificado, lo que aconseja replantearse el uso de la energía nuclear, además de un fomento más racional de las energías renovables.

Finalmente, la competitividad del país exige mejorar la eficacia y la eficiencia de las AAPP, lo que se traduce en más profesionalización, distribución racional de competencias entre los distintos niveles de la administración, transparencia y reducción de los costes administrativos. Y, entre las diversas funciones que atiende el estado de bienestar, el sistema de pensiones requiere una atención estratégica, pues la elevada creación de empleo de los últimos años ha opacado su insostenibilidad a largo plazo por el envejecimiento de la población española.

Todas estas reformas son complejas y su influencia en la competitividad tardará en percibirse, lo que explica la pereza de los responsables públicos para acometerlas, pero por ello mismo deben abordarse cuanto antes porque de ellas dependerá que la economía española recupere el nivel de crecimiento, empleo y bienestar al que nos estábamos acostumbrando.