DURANTE los años ochenta y noventa la Universidad española dejó de ser elitista. Afortunadamente. El porcentaje de jóvenes de todas las clases sociales que ha podido acceder a los estudios superiores resiste la comparación con los de otros países desarrollados. Incluso supera en algo la media de la OCDE.

El reverso de esta realidad socialmente beneficiosa y económicamente rentable es que la extensión de este acceso no ha ido acompañada de una mejora sustancial de la calidad, y hoy nos encontramos con que ningún campus español (hay 70 universidades públicas y privadas y 165 campus) se encuentra entre los cien mejores del mundo y sólo uno, el de Barcelona, ha podido ingresar en el ranking de los cien mejores de Europa. En calidad estamos a la cola.

Esta situación deriva del frenesí con que, al amparo de los traspasos de competencias a las comunidades autónomas y con ese anhelo justificado de democratizar la Universidad, se crearon universidades de la señorita Pepis. Ningún consejero de gobierno autonómico resistió las presiones de las fuerzas vivas organizadas en cada provincia para que en su ámbito de influencia también se erigiera una Universidad, alguna con reparto de campus aislados, según las apetencias y las divisiones comarcales. El resultado es que hemos crecido en número de universitarios espectacularmente, pero en excelencia y competitividad andamos espectacularmente flojos. Muchos títulos universitarios están devaluados y, más que facilitar, suponen una dificultad seria a la hora de encajar a los titulados en el mercado laboral, que es su destino.

Luego se ha generado un problema añadido, que no es otro que la caída brutal de la natalidad. Ello ha hecho que muchas facultades se hayan ido despoblando y se encuentren con medios materiales y profesores desproporcionados a la demanda real de estudios en ellas. El curso pasado, según un informe publicado por El País, hubo casi trescientas titulaciones en las universidades públicas en las que se matricularon menos de veinte nuevos alumnos. Un despilfarro, porque una Universidad, por pobre que sea, absorbe una cantidad nada despreciable de dinero público. Cuesta mantenerlas y, a la vez, no imparten el saber suficiente.

Los expertos coinciden en la necesidad de racionalizar esta enorme oferta, de modo que las universidades se especialicen en vez de querer abarcar todo el espectro posible de titulaciones. No es cuestión de volver a la universidad para unos pocos, por supuesto, pero tampoco de empeñarse en que todo el mundo cuelgue en la pared un diploma que no le sirva para acceder a un trabajo acorde con lo estudiado. Que vayan menos estudiantes, que vayan los que estén de verdad interesados y que lo que aprendan sea útil.