LEÍMOS la semana pasada: "Seis jóvenes, cinco de ellos menores de edad, violaron a una menor de 13 años en la piscina municipal de Baena... El hecho se produjo (…) después de que uno de los menores, con quien la víctima había mantenido una relación anterior, aprovechase la disposición de la chica a reanudarla en los vestuarios de dicha piscina para obligarla a aceptar la violación de sus cinco compañeros bajo la amenaza de enviarle el vídeo a sus padres". Me llama la atención la naturalidad con que en todas las informaciones se acepta que una niña de 13 años mantenga, antes de este tremendo episodio, relaciones sexuales con otro menor. La violación de la chica es un hecho repugnante, pero su precocidad sexual es un hecho reprobable; y preocupante en la medida en que no se trata de un caso aislado. Hasta el punto de que es una realidad presupuesta por la criticada medida de que las menores puedan comprar la píldora poscoital sin receta médica y por la controvertida propuesta, criticada desde las propias filas socialistas, de que las menores puedan abortar sin consentimiento ni conocimiento paterno.

Leímos ayer: "Siete menores detenidos por abusos sexuales a una niña en Isla Cristina. A dos de los acusados por la violación de una menor de 13 años no se les puede imputar delito por tener menos de 14 años. La pequeña presenta una discapacidad intelectual". Como en el caso de Baena, la mayor parte de los agresores quedarán impunes al ser menores de edad. Esta situación -informábamos ayer- preocupa al Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, José Chamizo, que no obvia el debate sobre la reforma de la Ley del Menor. Al Defensor le preocupará, con razón; pero a la sociedad le escandaliza y le alarma.

¿Algunas causas de estas situaciones sin precedentes? De una parte el subdesarrollo moral de esta sociedad; no casual, no accidental, sino querido -al igual que la baja intensidad educativa- por los poderes a los que conviene reducir el ser humano a un consumidor unidimensional, preocupado sólo por satisfacer, e inmediatamente, sus deseos. De otra parte la hipersexualización de la sociedad y, con ella, de la infancia y la primera adolescencia; etapas en las que el sujeto posee un menor control racional sobre su comportamiento y una menor capacidad de autorrepresión; por ello, una mayor necesidad de sujetarse a la autoridad de los educadores familiares o escolares y de estar salvaguardado de las más groseras inducciones sexuales. Y de otra más la Ley de Menor, que precisa una urgente reforma para acabar con una impunidad que es una forma de inducción al delito.