HAY diferencias entre los abominables sucesos de Baena e Isla Cristina, pero son circunstanciales, accesorias. En Baena el instrumento del que se valen los violadores es el chantaje ayudado por las nuevas tecnologías (a la menor la amenazan con difundir un vídeo de sus relaciones sexuales consentidas con uno de ellos); en Isla Cristina se sirvieron de la minusvalía psíquica de la víctima para consumar la agresión.

Pero, ya digo, los dos hechos coinciden en lo fundamental: un grupo de muchachos se conjuraron para abusar, uno tras otro, de una chica que no podía defenderse. La mayoría de ellos son también menores de edad, como las víctimas, y algunos incluso tan menores (por debajo de los 14 años) que el Código Penal los considera inimputables, es decir, que no se les puede condenar hagan lo que hagan. Tan sólo enviárselos a sus padres.

Más grave que el hecho de que agresores y agredidas sean adolescentes jurídicamente incapaces -y, los primeros, inocentes por ley penal- me parece la actuación en cuadrilla, planificando el delito y organizando las condiciones que lo hacen posible, y más grave todavía la evidencia constatada de que algunos de estos violadores no tienen conciencia de haber obrado mal y, por tanto, no sienten que hayan de arrepentirse. Esta incapacidad para distinguir el bien del mal es absolutamente desoladora y desvela uno de los factores sociales y educativos que explican lo que está desatando a una minoría, creciente, de adolescentes: la banalización del sexo.

A la juventud se le hace creer que las relaciones sexuales son algo trivial, un bien de consumo más, sin consecuencia ni compromiso, un derecho más al alcance de la mano que sólo hay que coger. Los agresores de Baena e Isla Cristina reflejan una precocidad cada vez más extendida en el ejercicio de la violencia para conseguir aquello que se desea, pero una precocidad inducida por la educación que han recibido desde pequeños. Siguen siendo esos niños a los que no se les niega nada, incapaces de soportar la frustración, cuyos padres pensaron que inundándolos de juguetes y cachivaches compensarían su propia falta de afecto y dedicación, quisieron ser sus colegas y amiguetes antes que padres, renunciaron a administrarles desde su madurez y experiencia los secretos de la vida, y los instalaron en una infancia permanente en la que abundan los premios y se ignora la existencia de los castigos.

El problema es que ya no son niños, sino semiadultos que, a pesar de la benevolencia de algunas leyes, tienen que hacerse responsables de sus actos. La sociedad ha de decirles con firmeza que la precocidad en el mal se paga con la precocidad en el castigo.