DÍAS pasados el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha votado por mayoría, pero sin ningún voto en contra, la propuesta de financiación autonómica que elevará al Gobierno para que la remita a las Cortes para su tramitación como ley.

Las disposiciones adicionales 8ª, 9ª y 10ª del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña establecen que en el primer proyecto de ley de cesión de impuestos del Estado que se apruebe, el porcentaje de cesión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pasará al 50% (siendo el anterior el 33%). El 50% lo percibirá Cataluña de la recaudación de los sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en Cataluña, aunque las rentas las obtengan en otros lugares de España. También dicha ley futura de cesión de impuestos del Estado, establecerá que el porcentaje de cesión de la recaudación del IVA pasaría a ser del 50% (antes era de 35%), en función del consumo en el territorio de Cataluña. La redacción del precepto crea problemas de interpretación porque en muchos casos la factura con IVA se emitirá en Cataluña, pero el consumo se producirá fuera de ella. Finalmente, en la cesión de los impuestos sobre hidrocarburos, tabaco, alcohol y otros, el porcentaje pasaría a ser del 58% de la recaudación, siendo anteriormente del 40%.

Semejante precepto no figura en los demás estatutos recién aprobados, pero la financiación acordada ha extendido a todas las comunidades autónomas la cesión a las mismas de los referidos porcentajes en los citados impuestos. Ocurre, sin embargo, que tanto en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña interpuesto por el Defensor del Pueblo como en el interpuesto por el Partido Popular se pide la nulidad por inconstitucionalidad, de las disposiciones adicionales 8ª, 9ª y 10ª del nuevo Estatuto de Cataluña. ¿Qué pasaría si la sentencia del Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de tales disposiciones adicionales? La aprobación por las Cortes de la nueva ley de financiación quitaría gravedad al tema.

El procedimiento para llegar al acuerdo de refinanciación ha sido claramente bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno tripartito de Cataluña, y la falta del mismo ha retrasado la decisión un año y ha sido muy bueno para el Gobierno, que ha conseguido estabilidad parlamentaria, y para el tripartito catalán, que ha conseguido lo que quería. El procedimiento ha sido tan bilateral que no se ha cerrado hasta que Esquerra Republicana consiguió todavía más millones de euros, lo que les hizo decir que le habían ganado una batalla al Estado y que era un paso para la independencia de Cataluña.

El acuerdo ha sido posible porque la cantidad prevista por el ministro Solbes, que era del orden de 6.000 millones de euros, después de su salida del Gobierno, se ha aumentado a 11.000 millones de euros, de los que Cataluña percibiría 3.855 millones de euros y Andalucía 3.133 millones.

La reforma de la financiación es compleja, como se deduce del documento de setenta y seis folios en que se basa la propuesta de acuerdo. Se crean tres fondos con cargo a los 11.000 millones aportados por el Gobierno, uno del 80% que garantiza la igualdad en la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, otro de 16% que garantiza financiación suficiente para el resto de las competencias transferidas y uno tercero del 3,5% que garantiza la convergencia en la financiación per capita.

La financiación por habitante es la siguiente: de los 11.000 millones adicionales aportados por el Gobierno, la media española por habitante es de 325,24 euros, siendo la primera Cataluña con 534,64 euros, seguida de Baleares con 485,13 euros y por Andalucía con 388,74 euros. En cuanto a la financiación total por habitante, Cataluña recibirá 3.180,16 euros por habitante y Andalucía 3.156,96 euros, siendo la media española de 3.033,55 euros por habitantes, y quedando por de debajo de la media Murcia, Baleares, Madrid, Canarias y Valencia.

El esfuerzo realizado por el Estado hará aumentar el déficit público, que ya es importante como consecuencia de la crisis, que será difícil reducir sin una subida de impuestos.

Andalucía recibe más que con el modelo anterior, superando la media nacional, pero recibe menos que Cataluña, no obstante tener más territorio, más población, más paro y menos renta per cápita.