EL presidente de los empresarios andaluces, Santiago Herrero, denunció esta semana que en la provincia con más paro histórico de España, que es la de Cádiz, solamente 170 personas han tramitado, y reciben, la ayuda de 420 euros mensuales aprobada por el Gobierno para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo.

170 parados en una provincia en la que hay registrados 150.000 parados en el servicio público de empleo y donde se estima que 15.000 de ellos son de tan larga duración que podrían tener derecho a los 420 euros, ¿no son demasiado pocos? Una explicación benévola sería ésta: muchos no se han enterado de la existencia de esta subvención. Bueno, más que benévola, cándida. La experiencia y la observación sugieren que, en materia de ayudas estatales, autonómicas o municipales las noticias corren como la pólvora, y el que no corre, vuela.

Más bien parece que en nuestra querida Cádiz, donde también destacamos por el alto índice de bajas laborales por enfermedad y accidente, hay mucha gente a la que no le conviene percibir los 420 del ala porque a cambio ha de recibir algún tipo de formación, lo que requiere presencia física, y eso le privaría de la posibilidad de hacer chapuzas con las que ir tirando. En otra provincia hermana, en Huelva, se llamó oficialmente a unos 10.000 inscritos como parados del sector agrario para cubrir la demanda de la patronal de la fresa. Se presentaron 3.500 y aceptaron el empleo 1.500. Más de 8.000 desempleados del campo rechazaron trabajar en lo suyo, en el campo.

Aquí, según creo, inciden dos problemas. Por una parte, el censo de obreros del campo está inflado a causa de las facilidades que se han ido dando durante años para percibir los beneficios del Plan de Empleo Rural; para una parte de ellos se trata de una fórmula para lograr una paguita (o varias, según familias), pero sin la menor intención de trabajar en un sector penoso que se estaba reservando ya para los inmigrantes. Por otra, la crisis ha traído un crecimiento notable, y de difícil medición, de la economía sumergida, sin papeles, sin impuestos y sin cotizaciones. A los que producen en clandestinidad no les hace ninguna gracia salir a la superficie, y los 420 euros, tan insignificantes, les obligarían a hacerlo. No les merece la pena.

Todos los políticos de todos los partidos conocen esta realidad. Ninguno se atreve a hablar de ella, y menos a cambiarla. Temen la impopularidad. Sin embargo, sería de justicia que se planteara la cuestión en serio. Se lo debemos a los asalariados que pagan sus impuestos sin remedio y a los auténticos parados que lo están pasando mal y a los que insultamos al meterlos en el mismo saco que a los otros.