LA expresión desarrollo sostenible viene utilizándose desde hace años como reacción a los estilos de producción y consumo intensivos en el uso de recursos naturales, susceptibles de agotarse y generadores de desequilibrios ambientales. También se ha utilizado la expresión para expresar la necesidad de la sostenibilidad social, refiriéndose a un sistema que asegure la cohesión social y que permita encarar con garantías el envejecimiento de la población. Pero es la perspectiva económica de la sostenibilidad la que está adquiriendo una creciente relevancia ante los embates de la crisis y las sombrías perspectivas para la economía española.

Por sostenibilidad económica debemos entender un modelo de crecimiento viable; es decir, que mantenga los equilibrios macroeconómicos básicos y que esté soportado por factores de crecimiento cuya cantidad y calidad sean un soporte consistente para las expectativas de desarrollo de la ciudadanía o, desde una perspectiva negativa, que no dependa de variables cuya continuidad en el tiempo sea improbable.

Si aplicamos estas consideraciones a la economía española concluiremos que, al margen de los problemas derivados de la crisis financiera internacional, nuestro estilo de crecimiento es insostenible en el futuro. Esta afirmación se soporta en la existencia de importantes desequilibrios macroeconómicos y en la escasamente cualificada dotación factorial. En relación con los desequilibrios, el más notable es el existente entre producción y demanda, pues desde hace una década los españoles producimos menos de lo que demandamos, tanto por el elevado consumo privado y público como por la desaforada inversión inmobiliaria. Tal desequilibrio se traduce en un elevadísimo déficit de la balanza por cuenta corriente (104.664 millones de euros en 2008), lo que determina la necesidad de financiación externa (9% del PIB), y un elevado endeudamiento de las familias y empresas. A este desequilibrio se suma recientemente un elevado déficit público (se estima que este año rondará el 10% del PIB) como consecuencia de la fuerte caída de la recaudación fiscal y el aumento del gasto público para hacer frente a la crisis.

En cuanto a los factores de producción, determinantes del crecimiento futuro, España tiene un déficit notable en el más significado de los recursos naturales (energía), aunque es la dotación de capital humano (la cualificación de la fuerza de trabajo para enfrentarse solventemente a las necesidades del tejido productivo) el factor más relevante de producción en cualquier sociedad, y sobre el que diversos informes internacionales llaman la atención por su deterioro relativo en España por la inadecuación del sistema formativo.

También las comparaciones internacionales ponen de relieve las limitaciones españolas en dotación de capital físico productivo y en tecnología. Finalmente, cobra importancia explicativa sobre las potencialidades de crecimiento de un país el marco institucional (ordenamiento positivo, instituciones, grado de cumplimiento de las normas y valores y códigos de conducta dominantes en una sociedad). La resultante de la combinación de estos factores determina las potencialidades de crecimiento de un país, lo que puede medirse de forma aproximada por su competitividad. Pues bien, informes internacionales recientes ponen de manifiesto la continua pérdida de competitividad de España: en el último informe del Banco Mundial, España pierde 11 puntos, situándose en el puesto número 62 entre 183 países del mundo, mientras que el Foro de Davos lo sitúa en el puesto 33 de 134 países analizados.

De estas consideraciones se deriva que la economía española, además de superar los problemas específicos de la crisis, tiene que realizar importantes reformas para dotarnos de un modelo económico sostenible.

Éstas deben ser las consideraciones que han animado al Gobierno a la promesa de una Ley de Economía Sostenible, cuyas líneas básicas se conocieron hace un par de semanas. En ellas se establecen una serie de objetivos con los que difícilmente se puede estar en desacuerdo (eficiencia energética, vincular la formación con el empleo, fomento de la I+D+i, coordinación entre las distintas administraciones…), pero son meros enunciados que reinciden en los objetivos de múltiples normas anteriores o que ya se habían anunciado y que, por tanto, no se pueden valorar hasta que no se conozca su formulación precisa. Pero la restricción fundamental del proyecto es que las medidas que contemple son necesarias, pero menores y, sobre todo, porque no se abordan las reformas centrales que requiere la economía española, como la del sistema educativo y de formación profesional en su conjunto, la reforma energética, la del mercado de trabajo, el cierre del modelo autonómico, la reforma de la Justicia, etcétera. Reformas complejas y de gran entidad, y que por ello tienden a aplazarse, pero que su importancia y el retraso de sus efectos exigen abordarlas con urgencia si queremos asegurar un futuro de bienestar relativo como del que disponíamos con anterioridad a la crisis.