LA reunión de los presidentes de las diecisiete comunidades y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha tenido como tema principal de discusión el paro, que es la manifestación más cruel de la crisis económica. Una economía próspera puede soportar una disminución temporal de su renta sin que suponga un drama, pero si tiene como consecuencia un aumento elevado del desempleo la situación puede llegar a ser insostenible.

Las comunidades autónomas tienen competencias sobre gastos e ingresos y gestionan las políticas activas de empleo e inserción laboral; también dependen de ellas la educación y formación profesional, las relaciones con empresarios y sindicatos, las cámaras de comercio y promoción exterior de la empresa, y entidades como las cajas de ahorros, por citar las que pueden ejercer un efecto más inmediato en la economía y el empleo. La reunión tiene, pues, todo el sentido, porque una parte importante de la actividad económica de nuestro país está descentralizada. Además, las comunidades emiten deuda y de su política de austeridad y ahorro depende también la situación general de endeudamiento de España.

Las diferencias de paro entre comunidades son considerables y hay una fuerte dispersión respecto al 19% que es la media española. Podemos hacer tres grupos; el primero, con tasas de paro entre el 10% y el 13%, donde están Navarra, el País Vasco, Cantabria, Aragón, Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla-León; el segundo, alrededor del 15%, con Madrid, Baleares y Cataluña; y otro, con un paro, entre el 20% y el 26%, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia, Andalucía y Canarias. Los presidentes tienen todos el problema común del paro, pero en algunas comunidades es más del doble que en otras.

Se observan tres características en esta clasificación. Una, que las más castigadas por el paro son las que han tenido en el período anterior a la crisis un crecimiento económico más fuerte y, sobre todo, un incremento de población activa que se ha empleado en la construcción y lo relacionado con ella, y en los servicios. La población activa ha aumentado en España en más de seis millones de personas en los últimos diez años, y lo que antes era un potencial para el crecimiento, ahora es un problema; además, continúa aumentando porque llegan inmigrantes y porque acceden al mercado de trabajo personas que antes no lo hacían, con la esperanza no de encontrar trabajo sino de conseguir alguna subvención o ayuda desde su condición de activos en paro.

La segunda característica es que las comunidades con menos concentración en la construcción son las que están sufriendo menos el desempleo, y pueden recuperarse más fácilmente con el despegue en Europa. La tercera, que no hay una relación entre partido en el gobierno de la comunidad y paro, lo que indica que son la forma del crecimiento económico y de la población activa las que determinan el paro. Las medidas y reformas son absolutamente necesarias, pero la función técnica de producción cambia lentamente y, hoy por hoy, no hay actividades alternativas, ni pueden improvisarse, capaces de absorber tanta mano de obra disponible. Esta es la realidad, y desde ella hay que abordar el problema.