LOS últimos días del mes de noviembre pasado fueron duros para uno de los mayores y más significativos bancos norteamericanos. El Citibank reconoció las primeras pérdidas derivadas de la crisis hipotecaria. Sus recursos propios disminuyeron drásticamente y tuvo que ejecutar una ampliación de capital para tapar el agujero financiero.

Los países del Golfo Pérsico no sólo están acumulando ingentes cantidades de dinero con el barril de petróleo a 100 dólares; es también el Ejército de EEUU el garante de su independencia, como la expulsión del ejército iraquí de Kuwait demostró. En sólo unos días, la Abu Dhabi Investment Authority inyectó 7.500 millones de dólares en el capital del banco norteamericano, asegurando su solvencia.

Las operaciones de inversión de fondos domiciliados en países productores de petróleo y en China se están repitiendo cada semana. Por primera vez en la Historia, la estabilidad financiera de los países occidentales depende de los recursos de países en vías de desarrollo. Las inversiones no se materializan sólo en empresas o bancos. Gran cantidad de bonos del Tesoro norteamericano, alemán o español se encuentran en manos de fondos residentes en esos países haciendo depender también al sector público de ese tipo de financiación.

Ese florecimiento financiero fuera de la OCDE está provocando, entre otras cosas, que el FMI haya reducido drásticamente sus préstamos, sencillamente, porque los países no los necesitan.

Ahora bien, cuando se trata de inversiones realizadas en grandes bancos o empresas lo relevante no es sólo el volumen de recursos, sino la identidad de los fondos que lo llevan a cabo. Si detrás de esos fondos se encuentran gobiernos, no tienen necesidad de desvelar públicamente los recursos que poseen, dónde se materializan las inversiones, cuáles son los objetivos de las mismas, etc. Esto es, existe una enorme opacidad informativa que resulta inquietante. Abundando más en el aspecto informativo, son fondos cuyos países de origen se caracterizan por la absoluta falta de libertad de opinión e información públicas y, cuando existe, se encuentra amenazada por la vigilancia del Gobierno. En el primer grupo incluimos a China o Arabia Saudí; en el segundo a Rusia, gobernada por antiguos agentes del KGB.

Los pasados días uno de los fondos estatales chinos ha invertido enormes cantidades de dinero en Río Tinto, una de las mayores compañías mineras del mundo. El Gobierno australiano ha aprobado medidas para exigir transparencia al fondo en cuanto a sus relaciones con el gobierno chino, financiación, normas de gobierno, etc. No se trata sólo de la inversión en una compañía, sino que además posee vastos recursos naturales en el territorio.

Un ejemplo a seguir es el del fondo noruego de estabilización de las rentas del petróleo. Pero esperar que países que carecen completamente de tradición democrática adopten normas como las nórdicas es esperar demasiado. Tendremos que acostumbrarnos a recibir recursos de países cuyas pautas de comportamiento nos resultan tan inquietantes como desconocidas.