SE ha armado una buena a cuenta de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas aprobada por la Universidad de Sevilla, concretamente del artículo que impide a los profesores expulsar del aula, y firmar el consecuente suspenso, al alumno que sea pillado in fraganti copiando en un examen.

Algunos colegas, asaz dispuestos a que la realidad no les arruine un buen titular, han traducido el reglamento con muy mala leche: la Universidad hispalense consagra el derecho a copiar en los exámenes, y procedido a la lapidación en tertulias y comentarios. No hay tal. Lo que la Normativa Reguladora etcétera -el nombrecito es enrevesado de cojones- establece es que la decisión del profesor que sorprende al estudiante copiando no sea ejecutiva, sino que tenga que informar del caso a una comisión paritaria profesores-alumnos, que decidirá sobre el caso tras oír a las partes y estudiar las posibles pruebas. Mientras, el estudiante gozará de la presunción de inocencia y podrá terminar el examen.

¿Ha acertado la Hispalense? Rotundamente no. Su reglamento ahonda en la línea de la inflación de derechos, sobre todo juveniles, a la que asistimos desde hace años, y merma la autoridad del docente. Creo, en efecto, que el profesor que vigila un examen está en ese momento investido de una autoridad moral y social que debería acarrear un plus de veracidad a sus manifestaciones (por ejemplo, a su denuncia de que ha cogido a un alumno haciendo trampas). Que tenga que ser él quien demuestre que el estudiante copia y el que aporte las pruebas y los testigos resulta un exceso. Hoy en día apenas se copia mediante la clásica chuleta. Se usan el móvil, el walkie talkie y otros artilugios modernos que no dejan huellas materiales que se puedan requisar y llevar a la comisión paritaria. Que el examen supuestamente fraudulento continúe como si no hubiera pasado nada, a la espera del dictamen de la comisión, suaviza objetivamente la gravedad de la falta cometida y favorece su normalización.

Sólo hay un aspecto en el que el reglamento tiene un pase: como mecanismo de protección de los alumnos ante posibles arbitrariedades e injusticias de sus examinantes. Se producen en determinadas ocasiones, porcentualmente escasas, pero suficientes para arbitrar una norma garantista. Ahora bien, esta eventualidad podría cubrirse manteniendo la potestad del profesor para suspender la prueba y expulsar al estudiante del aula y estipulando la reunión en breve plazo de la comisión citada en cuyas manos estaría la decisión definitiva. No se hace porque de lo que se trata es de universalizar derechos e inventarse otros nuevos, después de siglos de sometimiento, hasta el abuso, del estudiante al profesor.