EL juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cursado órdenes internacionales de detención contra seis presuntos miembros de ETA y seis presuntos miembros de la guerrilla de Colombia residentes en Venezuela y Cuba (tendrá que retirar una de ellas porque uno de los guerrilleros colombianos está muerto).

La pregunta es: ¿colaborará el Gobierno de Hugo Chávez en la captura y entrega de los etarras allí residentes? Se verá, pero no lo parece. Más bien al contrario. Aclaremos, para empezar, que estos y otros etarras activos fueron acogidos en Venezuela hace más de veinte años a petición del Gobierno de Felipe González, como una fórmula de dispersión terrorista que han practicado también otros gobernantes. Ahora resultan ser ciudadanos venezolanos, asentados allí, con hijos e incluso nietos. La ley prohíbe extraditar venezolanos a ningún país.

Y más allá de la ley, se topa en este caso con la voluntad de Chávez, que no es precisamente hombre que se recate en expresarla ni en convertirla en pauta de conducta del Estado. Antes de que el Gobierno de España hiciese ninguna gestión sobre el auto del magistrado Velasco ya el ministro de Exteriores bolivariano se había despachado contra éste, acusándole de pertenecer a "la mafia de Aznar", razón suficiente, por lo visto, para descalificar sus pesquisas sobre el fondo del asunto: la supuesta connivencia del Gobierno venezolano en los planes conjuntos ETA-FARC para asesinar a políticos colombianos. Hay que añadir que uno de los etarras o ex etarras implicados, Arturo Cubillas, es funcionario del Ministerio de Agricultura y está casado con una alto cargo de la Presidencia en Caracas.

Pero es que después de que los gobiernos de Zapatero y Chávez elaborasen un comunicado conjunto de rechazo a ETA, este último ha persistido en su actitud de desoír a la Justicia española. Ayer mismo repitió que el auto de Velasco es una "locura", que las acusaciones son "estúpidas" y que si a causa de esta desavenencia se rompieran las relaciones entre los dos países, sería España la que saldría perdiendo, por sus inversiones en Venezuela (donde residen, por otra parte, 150.000 ciudadanos de nacionalidad española). De modo que al pre-juicio ya adoptado de que no hay nada que investigar se añade la amenaza a una nación amiga cuyos jueces ejercen su función jurisdiccional de manera independiente.

Sólo si se demostrara que los refugiados están en actividades terroristas "sería otra cosa", dice Chávez. Pero ¿cómo demostrarlo si no se deja al juez tratar de hacerlo? Nuestro secretario de Estado para Iberoamérica declaró su "plena confianza" en que el Gobierno de Venezuela colabore. Debe ser el único.