EL Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al nuevo reglamento de disciplina urbanística de Andalucía, cuyo nacimiento supone la culminación del proceso iniciado por la Consejería de Vivienda contra las numerosas ilegalidades que, a diario, se cometen en relación con la ordenación del territorio. La normativa, que desarrolla los criterios generales incluidos en 2002 en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), viene así a encajarse, junto al Plan de Ordenación del Territorio (POTA) y a los distintos planes subregionales, dentro del corpus jurídico autonómico de prevención y disciplina contra todos aquellos que no respetan las leyes urbanísticas. Especialmente significativa es esta nueva herramienta jurídica para los ayuntamientos, que son los encargados, en primera instancia, de velar por el cumplimiento de la legislación en la materia, al tener en sus manos la política urbanística y la capacidad legal de conceder licencias. En todo caso, esta circunstancia no librará a la Administración regional -competente en materia territorial- de su responsabilidad subsidiaria, lo que supone una garantía doble para que se cumpla la ley. Una de las principales novedades del reglamento, que entrará en vigor cuando aparezca en el BOJA, es la posibilidad de que los ayuntamientos inicien procedimientos de urgencia para demoler aquellas obras que sean ilegales. Una especie de derribo exprés que se une a la imposición de multas que impidan el beneficio económico de los infractores. El nuevo procedimiento permitirá que en sólo un mes se proceda a los derribos (ahora la media puede acercarse a los diez meses) de las urbanizaciones o edificaciones manifiestamente ilegalizables, lo que quiebra el principal deseo de quienes vulneran la ley: que el paso del tiempo consolide su situación ilegal o, en el peor de los casos, se les compense económicamente por violar la normativa. Tampoco habrá flexibilidad para los responsables de parcelaciones ilegales, una práctica muy extendida en las últimas décadas en Andalucía, en especial en determinados municipios rurales y de la franja litoral. El reglamento ordena todos los supuestos existentes para prevenir la picaresca y evitar así que la ley de todos siga siendo papel mojado.