LAS dos terceras partes de los casi 120.000 millones de euros de déficit público al finalizar 2009 son estructurales. Sólo los 40.000 millones restantes pueden atribuirse a la crisis, que es la parte de problema que puede esperar resolverse cuando se consolide la recuperación y las cosas vuelvan a funcionar con normalidad. Es lo que se deduce de las estimaciones de la Comisión Europea, que consideraba que el déficit estructural en 2010 estará en torno al 6% del PIB y al 5% en 2011. De acuerdo con estos datos, se puede concluir que el problema financiero del Gobierno es conseguir 75.000 millones de euros en los próximos cuatro años, con el fin de aproximarse al compromiso del 3% a finales de 2013. Además debe hacerlo limitando en lo posible el recurso al endeudamiento, con el fin de evitar costes financieros adicionales. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación, cuando hace tan sólo un par de años alardeábamos de un superávit de más de 20.000 millones de euros? Sin duda, porque la crisis ha disparado los gastos, especialmente los gastos sociales y los programas anticrisis, seguramente también por algo de despilfarro, pero sobre todo porque las rentas derivadas de la explosión inmobiliaria, incluidas las fiscales, han desparecido por completo.

La intención del Gobierno es que una parte se cubra con subidas de impuestos, aunque se trate de una medida impopular y procíclica y, por lo tanto, inoportuna. En cualquier caso, y asumiendo algunos de los optimistas pronósticos sobre crecimiento y creación de empleo que figuran en el programa de consolidación fiscal del Gobierno, no cabe esperar que la reforma proporcione mucho más de los 10.000 millones en los cuatro años, es decir, algo más del 10% de las necesidades.

Para el resto no hay otra alternativa que la reducción del gasto público. Así se viene reconociendo desde principios de año, cuando comenzaron a anunciarse las primeras iniciativas en esta dirección, con la intención de conseguir un ahorro de aproximadamente unos 50.000 millones de euros. Habrá reducción de gasto corriente y amortización de puestos de funcionarios, además ajustes en partidas cautivas, como el gasto sanitario y farmacéutico. Los planteamientos de mayor alcance se encuentran, sin embargo, en las tres partidas que más intensamente suelen acusar los efectos de las crisis. El gasto social, que sólo se reducirá en lo imprescindible; el gasto de inversión que, según anunciaba el presidente, habría que intentar mantener a toda costa; y los costes de estructuras, con la voluntad de reducir el número de altos cargos y de promover la concentración de empresas públicas. Lamentablemente, el ministro de Fomento acaba de poner en entredicho la posibilidad de cumplir sus objetivos de inversión y los ajustes de estructura que el Gobierno pensaba dar a conocer a finales del pasado mes de marzo, se retrasan por segunda vez. Todo parece indicar que, como suele ocurrir en estas coyunturas y en todas partes, el gasto social se mantendrá, el recorte de estructuras será mínimo y será finalmente la inversión la que termine soportando el grueso del ajuste.