HACE diez meses, el día en que Federico Jiménez Losantos se despedía en su programa radiofónico al finalizar su contrato con la Cope, el controvertido comunicador expresó que en los presupuestos para el año 2009 debería haberse bajado un 6% el sueldo a los funcionarios en lugar de haberles subido un 4 %. Esto lo dijo al publicarse que en junio de 2009 había bajado el IPC un 1% en relación al año anterior.

Pensé entonces que hasta las personas inteligentes dicen cosas impropias de su talento cuando se calientan. También creí, iluso de mí, que el deseo de Federico no iba a cristalizar porque si algo tenían en claro los funcionarios era que su sueldo no se iba a menguar, que nunca se les pagaría menos dinero por realizar el mismo trabajo, que eso era sagrado. Meses después se firmó un acuerdo por el que los funcionarios aceptaban voluntariamente una moderación del incremento salarial, lo que parecía confirmar mis pensamientos.

Es una triste paradoja que Rodríguez Zapatero haga ahora lo que proponía Jiménez Losantos. ¡Quién se lo iba a decir!

Los empleados públicos han soportado congelaciones salariales y, en los años de bonanza, incrementos del 2%, que era la previsión prevista de inflación, mientras que a muchos asalariados del sector privado se les revisaba conforme a las variaciones del IPC, muy superiores. Hasta 2009 los funcionarios no se han equiparado al resto de los trabajadores en el cobro de las dos pagas extras íntegras.

La reducción del 5% es una media engañosa porque a los titulados superiores les bajarán el sueldo el 7 %. Cuando se les incrementa el sueldo en las Leyes de Presupuestos, afecta a todos en la misma proporción, el consabido y ahora añorado 2%. Como la reducción es desigual, suponemos que, cuando llegue algún año de bonanza económica y se incrementen de nuevo los salarios, se restablecerá la situación actual porque, de no hacerse así, se consolidaría definitivamente un agravio, que sería irreversible.

Muchos piensan que los funcionarios ocupan una posición de privilegio y deben ser los que más arrimen el hombro ante la crisis, pero, ¿qué pasaría si a las personas se les quitaran las fincas que sobrepasaran el número de dos? ¿Qué pasaría si se requisaran los ahorros que excedieran de cierta cantidad? Diríamos con razón que eso sería algo impropio de un Estado de derecho, que el artículo 33 de la Constitución consagra el derecho a la propiedad privada, pero hay que recordar que ese precepto garantiza también que una persona no sea privada de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización. ¿Cuál es la indemnización por la privación del derecho a una parte del sueldo?

Se dice que es una medida solidaria, que con la reducción están haciendo un sacrificio los que ocupan una posición más favorable. Pero la solidaridad la vienen atendiendo los funcionarios todos los meses cuando les descuentan una parte del sueldo para atender a las necesidades generales. Muchos titulados superiores de la Administración pagan un porcentaje superior al que satisfacen las sociedades sobre los beneficios que obtienen.

¿Qué funcionario se atreverá ahora a meterse en un proyecto de cierta importancia, sabiendo que el Gobierno le puede recortar el sueldo cuantas veces haga falta aludiendo a la solidaridad? ¿Qué valor le vamos a dar a los acuerdos que adopten el Gobierno y los sindicatos en materia salarial si luego se pueden deshacer por decreto-ley?

Lo peor de todo es que las medidas adoptadas van a agravar la crisis, que el sacrificio no merecerá la pena porque se neutralizará rápidamente. El consumo se resentirá porque el descenso de los ingresos de los empleados públicos les va a impedir comprar los productos de segunda necesidad, se van a cancelar muchos proyectos de vacaciones, la venta de viviendas y de automóviles se hundirá todavía más, la morosidad se incrementará hasta niveles difícilmente soportables. Esto no es catastrofismo, es puro sentido común porque estamos hablando de una bajada de sueldo que afecta a los funcionarios y a sus familias, varios millones de personas. Si a la locomotora que hacía andar ese tren que se llama España le quitamos parte de su combustible, el tren circulará más despacio, más despacio...

El convite fastuoso que se ha celebrado durante los últimos años, en los que parecía que el dinero público era inagotable, lo van a pagar los funcionarios. Ya no podrá decirse aquello de que "eso lo pagamos todos", porque habrá que matizar a continuación: "... sobre todo, los funcionarios".