EL ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha abierto la puerta a la prohibición del uso público de prendas que, como el burka y el niqab, ocultan casi por completo el rostro de la mujer, a través de la ley de libertad religiosa que el Gobierno prepara desde hace tiempo, aunque nunca se ha decidido a impulsar seriamente. El anuncio viene a dar respuesta a una cadena de acuerdos de diversos ayuntamientos, desde Barcelona a Coín, que han decretado la prohibición del velo islámico en sus municipios. En este sentido resulta positiva la toma de postura del Ministerio, ya que se trata de una cuestión de interés nacional, a legislar para todo el Estado, que no debe quedar en manos de las corporaciones locales, sometidas a presiones oportunistas que responden a problemas puntuales e incluso a manipulaciones de ultraderecha sobre la inmigración y las libertades ciudadanas. El fenómeno de la utilización de atuendos que expresan sentimientos religiosos en los espacios públicos debe ser tratado con delicadeza. Algunos de estos atuendos, como los dos citados, parecen difícilmente compatibles con la preservación de la seguridad ciudadana y, en la medida en que no se limitan a explicitar una creencia, sino que son impuestas a la mujer por una costumbre social decididamente machista, tampoco asegura la dignidad de las personas que son obligadas a llevarlos. Por otra parte, también hay que garantizar la igualdad ante la ley, de modo que el trato a las vestimentas de raíz musulmana no difiera del que se otorga a los creyentes de otras confesiones que eventualmente puedan exhibir velos que igualmente tapen su identidad. Es un problema de complicada solución, como todos los que conciernen a las libertades ciudadanas y las identidades personales, pero en todo caso no debe quedar sometido a las decisiones municipales, sino ser objeto de regulación por las Cortes. Ello requiere, como condición previa, un gran debate nacional, con participación de los sectores afectados, a fin de que los representantes de la soberanía popular decidan a la postre una salida justa y equilibrada. Esta posibilidad es la que ha abierto Caamaño con su anuncio.