EN mi último artículo de finales de junio, planteaba si los signos de recuperación eran un espejismo o una realidad, inclinándome por la primera opción. A la vuelta de las vacaciones el panorama económico no ha mejorado sustancialmente. EEUU, Alemania y otros países desarrollados se enfrentan, en los dos próximos trimestres, a una desaceleración del crecimiento, otros como Francia o Italia, a un escenario cercano al estancamiento, y algunos países del sur de Europa, como Grecia, Portugal o Irlanda, y en menor medida España, podrían recaer en una segunda fase de la recesión. EEUU ha reducido el crecimiento de su PIB del 3,7% del primer trimestre, al 1,6% del segundo. También los países emergentes, con China a la cabeza, están viendo cómo se erosiona su espectacular crecimiento.

Mantener esta hipótesis de desaceleración de la incipiente recuperación mundial en una semana en la que los indicadores macroeconómicos nos han sorprendido positivamente, tanto en EEUU como en Europa, puede parecer arriesgado. Sin embargo, la reacción de los bancos centrales -Reserva Federal de EEUU (Fed) y Banco Central Europeo (BCE)- anunciando el mantenimiento de los tipos de interés en niveles mínimos y una nueva prórroga de las políticas monetarias expansivas, ponen de manifiesto que este escenario es probable y que se intenta evitar o mitigar a toda costa. El reciente anuncio del presidente Obama de un nuevo paquete de estímulos fiscales de más de 180.000 millones de dólares en infraestructuras y desgravaciones fiscales a la inversión empresarial, evidencia que el escenario de desaceleración o recaída es un riesgo real.

Sin duda alguna, la gran recesión que estamos padeciendo ha sido subestimada por los gobernantes de los países desarrollados. Para algunos economistas, como el premio Nobel de economía Paul Krugman, las políticas fiscales practicadas han sido timoratas e insuficientes, clamando porque se intensifiquen y prolonguen en el tiempo. Para otros economistas, las políticas keynesianas de expansión del gasto público han sido un rotundo fracaso. En el mejor de los casos han propiciado un incremento efímero del empleo, que se ha extinguido cuando se han retirado los estímulos fiscales, provocando un endeudamiento creciente e insostenible para gran parte de los países desarrollados, coincidente con tasas de paro desconocidas en las últimas décadas como el 9,6% de EEUU, el casi 10% de Europa o el imbatible 20,3% de España.

La reflexión que cabe hacer y que dirijo a los supervivientes del keynesianismo es que las políticas expansivas del gasto público, cuyo objetivo es suplir y complementar temporalmente la debilidad de la demanda efectiva del sector privado, necesariamente deben de ser finitas en cantidad y tiempo y sólo tienen éxito si logran reactivar la demanda privada de consumidores y empresarios, para lo cual es ineludible que sean capaces de cambiar las expectativas y devolver la confianza a ambos.

Las políticas expansivas de gasto público están condenadas al fracaso cuando el Gobierno que las ejecuta no tiene la suficiente credibilidad para mejorar dichas expectativas y cuando, además, se dilapidan los recursos públicos en inversiones no productivas como ha ocurrido en España.

Pero hay otra reflexión que se debe hacer en torno a los límites de las políticas de expansión del gasto público y es que son totalmente inútiles cuando nos enfrentamos a una gran recesión que tiene su origen en un altísimo endeudamiento, interior y exterior, de los sectores privados (consumidores, empresas e instituciones financieras) que, además, ha derivado en una crisis bancaria y de crédito y que se desarrolla en un entorno global en el que la libertad de movimientos de capitales a nivel internacional determina que sean los mercados financieros y sus expectativas los últimos y definitivos jueces de la sostenibilidad e idoneidad de dichas políticas.

En esta gran recesión se han concentrado todos estos factores en su máxima expresión: nunca fue tan grande el endeudamiento y la dependencia de la financiación externa en países como España, Irlanda, el Reino Unido, Portugal y otros, tampoco la banca había sido tan dependiente en su financiación de los mercados exteriores y nunca habíamos asistido a una crisis bancaria y a una restricción crediticia tan severa como la que estamos padeciendo, ni una economía tan abierta y global como la del siglo XXI.

En una economía mundial con estas características, las políticas keynesianas están avocadas al fracaso, sobre todo, si no van acompañadas de reformas estructurales que transformen el sistema económico y financiero y el entramado institucional, cuya inadecuación y obsolescencia está poniendo de manifiesto la crisis. En estas circunstancias, la eficacia de las políticas fiscales expansivas es inversamente proporcional al grado de endeudamiento de partida de los sectores económicos, a la dependencia de la banca de la financiación exterior y a la apertura y globalización de los mercados.

Si el origen fue un excesivo endeudamiento, las políticas expansivas de gasto público sólo conducen a otro todavía mayor, al sumarse al privado el creciente endeudamiento público, lo cual crea mayor incertidumbre y desconfianza empeorando las expectativas de los agentes privados nacionales, temerosos de nuevas subidas de impuestos, y sobre todo deteriorando las expectativas de los inversores internacionales (mercados financieros) que, al dudar de la capacidad de pago de tan espectacular endeudamiento, ponen punto final a estas políticas negándoles o encareciendo su financiación.

Ésta es la triste historia que nos ha tocado vivir en los últimos meses a países como Grecia, Portugal, Irlanda o España. A esto le llaman "pérdida de soberanía", cuando en realidad han sido los mercados financieros los que han impedido la prolongación de una política económica que nos hubiera llevado a la bancarrota y que por fin ha obligado a nuestro Gobierno a enfrentarse con la realidad y acometer las difíciles y costosas, en términos políticos, reformas estructurales. Ahora hace falta que su ejecución sea la adecuada. La soledad del Gobierno ante la reciente aprobación de la reforma laboral es un buen ejemplo de ineficiente ejecución.