LA guerra en la función pública andaluza no cesa. Miles de empleados públicos de toda la comunidad autónoma participaron ayer en la manifestación que recorrió el centro de Sevilla, una más en la escalada de movilizaciones registrada desde el inicio del curso político. Los sindicatos que se oponen al decreto de reordenación del sector público de la Junta de Andalucía (CSIF, Ustea y Safja) no han dejado de organizar protestas, que han afectado a algunos actos y viajes oficiales, además de presentar recursos contra la polémica norma, así como contra el pacto del Gobierno autonómico con las centrales sindicales CCOO y UGT, que han retocado el texto original sin terminar de satisfacer las demandas de las otras organizaciones. A estas alturas es evidente que la Junta tiene un grave problema con esta reforma, que se anunció como un instrumento para simplificar la Administración, fusionando empresas públicas y podando parcialmente el frondoso árbol de empresas, consorcios, fundaciones y otros organismos creados en los últimos años no siempre con móviles racionales. El motivo fundamental de la protesta de los funcionarios es la integración en el nuevo organigrama de unos veinte mil empleados no funcionarios, interinos y contratados, de la que se sospecha puede afectar a las condiciones de trabajo del funcionariado e introducir en la Administración criterios de promoción que no se deriven del mérito y la capacidad, sino de condicionamientos políticos. Por otra parte, las organizaciones convocantes de la movilización funcionarial esgrimen que la negociación de todo lo que se refiere al empleo público ha de seguir los cauces legales establecidos y otorgar el protagonismo debido a los sindicatos del sector, los más representativos en el seno de la función pública andaluza, en tanto que la Junta ha optado por pactar los cambios en el decreto con los sindicatos mayoritarios en el conjunto de la economía andaluza (CCOO y UGT), pero minoritarios en la Administración general de la Junta. Por el fuero y por el huevo, el decreto de reordenación del sector público está herido de muerte y ni siquiera la reciente destitución del secretario general que lo impulsó será suficiente para terminar con una insólita rebelión de funcionarios, un gremio tradicionalmente poco propenso a la protesta y el enfrentamiento con el poder. Esta situación no puede prolongarse mucho tiempo.