LA Unión Europea, principal sostén económico del proyecto de construcción del embalse de Melonares, cuyas obras se iniciaron hace ya casi una década, ha decidido reducir sus aportaciones financieras al pantano en la fase de liquidación presupuestaria por considerar que el uso que pretende dársele no casa con el compromiso merced al cual se aportaron los fondos comunitarios: garantizar únicamente el consumo humano. La noticia supone un importante revés para el resto de administraciones públicas, que tendrán que cubrir este desfase presupuestario con sus propios fondos en un contexto en el que las políticas de inversión se están viendo comprometidas por la actual crisis económica. Con Melonares se da otra paradoja, sólo explicable en el caso de Sevilla: la ciudad y su área de influencia cuentan con un importante equipamiento a su disposición pero tardará casi seis años en hacer algo tan sencillo (y necesario) como conectar el pantano a la red de abastecimiento. Todo un despropósito, si se tiene en cuenta que la inversión en su construcción es muy superior a la necesaria para sacarle rentabilidad, en este caso social. Algo impensable en cualquier país europeo, que hubiera construido las canalizaciones en simultáneo al embalse. Melonares, cuya génesis fue una reivindicación del Partido Popular, en especial de la ex alcaldesa Soledad Becerril, lleva años sin poder ser utilizado. Las conducciones, de hecho, no estarán listas hasta 2013. Los ecologistas siempre argumentaron que la construcción de este embalse no tenía sentido. Defendían que con la red existente (Zufre, Gergal, La Minilla; incluso el Pintado) era más que suficiente si se adoptaban medidas de ahorro en el consumo de agua, disciplina en la que los sevillanos siempre han sido ejemplares. Emasesa ha trabajado en reducir las fugas de agua, que eran del orden del 42% cuando se impulsó el proyecto y ahora están en un 20%, cifra que, sin ser excepcional, es mejor que antaño. Parece que el tiempo ha venido a dar a la razón a quienes se oponían a su construcción. Porque lo que no es admisible es invertir recursos públicos (como los europeos) para al final no saber rentabilizarlos.