La validez o no de la prueba de alcoholemia realizada a Ortega Cano es sin duda la clave del proceso, que puede determinar si el torero acabará en prisión o no. Este análisis es la principal prueba objetiva que atribuye al torero una ingesta de alcohol excesiva y la defensa intentará impugnar su validez atacando la posible ruptura de la "cadena de custodia" de las muestras, cuestionando que se haya respetado el protocolo de actuación y conservación pertinente en estos casos.

La propia Fiscalía de Sevilla recuerda en su escrito de acusación la importancia de esta prueba, al afirmar que debido al estado en que se encontraba el torero tras el accidente y "siendo prioritario atender a su grave situación física, no se realizó por los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar, la prueba de alcoholemia reglamentariamente establecida". No obstante, al llegar al hospital, continúa el fiscal, se realizaron dos extracciones de sangre con finalidad terapéutica, una de las cuales se conservó en el laboratorio de Bioquímica, "de la que no quedan restos", y otra en el banco de sangre de Hematología, "custodiado conforme al protocolo habitual de dicha unidad". Ésta es la clave del asunto, puesto que el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla no ordenó hasta el 10 de junio -trece días después del accidente- la remisión de una muestra la Instituto Nacional de Toxicología para su análisis, que arrojó una tasa de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

La defensa tratará de demostrar que en ese período de tiempo que media entre la extracción de la sangre y la orden dictada por el juzgado, la muestra no estuvo sometida a la cadena de custodia que requiere un proceso penal. Según la tesis de la defensa, no se habría respetado supuestamente el protocolo establecido para la recogida y depósito de las muestras, porque éstas habrían estado en las cámaras del hospital a disposición de cualquier persona que trabaja en estas dependencias.