El Ayuntamiento de Villaverde del Río y la Asamblea de Demandantes de Vivienda han convocado la ocupación de un edificio de 28 viviendas para hoy, un proyecto en fase de estructura que permanece "paralizado" desde hace cuatro años, con el objetivo de "forzar" a la Junta a que intervenga en su expropiación y financiación, terminándolo directamente desde el Consistorio con la contratación de trabajadores del pueblo y adjudicándolas a familias que pagarían el valor de los pisos a precio de costo mediante alquileres obreros.

En este sentido, desde la Asamblea de Demandantes se indica que esta parcela, que era propiedad del Ayuntamiento, fue sacada a concurso en 2006 por el equipo de gobierno de Partido Popular y PSOE y vendida a la promotora Guadasol Promociones Inmobiliarias, por 660.000 euros, una operación ante la que "ya protestaron los concejales de Izquierda Unida".

"Consideramos que la garantía de un bien social, como es una vivienda, no puede ponerse en manos de empresas privadas, convirtiéndose en un lucrativo negocio, sino que el propio Ayuntamiento debía promoverlas", afirma, tras explicar que incluso se celebró un sorteo de estas 58 viviendas para los 260 solicitantes, pero "cuando estas personas conocieron realmente las condiciones de la promoción se dieron cuenta que en nada se diferenciaba de otras ofertas privadas, e incluso eran más caras".

Así, señala que la empresa, "de acuerdo" con el Ayuntamiento, optó por el tipo de VPO "más caro", con pisos de 70 metros cuadrados por más de 122.000 euros, tras lo que renunciaron los solicitantes y lo que llevó a la paralización de la obra, que fue embargada más tarde al entrar la empresa en suspensión de pagos

En este sentido, lamenta que después de casi cuatro años de la "explosión" de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica no se ha dado "solución de continuidad" a todas estas intervenciones en materia de vivienda. "Es perfectamente posible reactivar estos proyectos, terminarlos con la mano de obra parada de pueblos y ciudades y ofrecerlos a las familias modestas, de jóvenes y trabajadores a precios asequibles", afirma.

Para ello, pide la "urgente" intervención de las administraciones públicas, la expropiación de los proyectos, inmuebles y suelos en manos de los bancos, cualquiera que sea la fase en que se encuentren y en colaboración con los Ayuntamientos y las asambleas de vecinos demandantes de vivienda y las asambleas o asociaciones de parados de los pueblos y ciudades. A continuación, aboga por continuar el proyecto, las obras, repartiendo el trabajo entre los desempleados del sector, contratando maquinaria, comprando materiales, es decir, "reactivando la economía local, y convirtiendo en un proyecto ilusionante lo que hoy es un desastre producto de la privatización del derecho a la vivienda".

Así, pide que la Junta ofrezca las garantías de financiación necesarias para su ejecución, mientras que el Ayuntamiento asumiría "su parte", ya que la empresa Guadasol adeuda a la corporación municipal una cantidad cercana al millón de euros en varios conceptos de impuestos, licencias y tasas que "no ha abonado".