Un ciclista que sufrió un accidente en abril de 2011 al caerse de la bicicleta que manejaba por la avenida del Guadalquivir del municipio sevillano de Cantillana, al tropezar inadvertido contra una barrera de seguridad que estaba supuestamente ubicada de manera incorrecta al final de dicha avenida, ha interpuesto esta semana una reclamación administrativa en el Consistorio de la localidad por valor de 32.000 euros.

En el texto de la reclamación, la representación jurídica de la víctima, ejercida por el letrado Fernando Osuna, señala que el elemento contra el que tropezó consistía en un reductor de velocidad (RDV) prefabricado de caucho o derivados y materiales plásticos; la sujeción a la capa de rodadura contaba con tornillos sueltos "que provocaron la pérdida de control sobre la bicicleta y su caída estrepitosa sobre el mismo asfalto". 

La reclamación, que se acompaña de, entre otros aspectos, documentos gráficos e informes médicos, establece que, debido a la "tan aparatosa caída" que sufrió se personó en el lugar del accidente la Policía Local y tuvo que ser asistido de Urgencias por el Hospital Virgen Macarena, presentando parestesia en miembros superiores e inferiores, diagnosticándosele policontusión, y se le insta un tratamiento de reposo funcional, calor en seco, antiinflamatorios y collarín cervical durante 72 horas mínimo, de manera progresiva.

Derivado de ello, tuvo que ser ingresado en el hospital referenciado, donde se le diagnosticó contusión medular con tetraparesis, síndrome medular central postraumático y compresión medular degenerativa preexistente. A consecuencia de ello, le inmovilizaron la columna cervical con collarín.

A raíz de la caída, la víctima sufrió una lenta recuperación, con numerosas visitas al Servicio de Medicina física y rehabilitación del área Hospitalaria del Virgen Macarena, a fin de llevar a cabo la rehabilitación prescrita por dicho hospital. 

Entiende el accidentado que la caída y la consecuente lesión "pudo haberse evitado" ya que, según la instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras de Estado, "las operaciones de almacenamiento, transporte, acopio y montaje se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar deterioros ni solicitaciones excesivas que pudieran dañar los distintos elementos".

En vista de ello, "sobre el reductor prefabricado no se realizaron los controles oportunos para detectar módulos con defectos que pudieran repercutir negativamente en sus condiciones resistentes, de estabilidad o de comportamiento; los módulos y  por tanto, el dispositivo en su conjunto adolecían de la estabilidad y el comportamiento esperado frente al impacto de las ruedas del vehículo al pasar sobre ellos".

Asimismo, el tamaño, el color gris oscuro y la forma del badén en cuestión lo hacían "difícilmente perceptible para personas con o sin discapacidad". "Dada la escasa altura que presenta dicho elemento, pasa inadvertido una vez han sido vistos, olvidándose la presencia de los mismos, propiciando así tropiezos y caídas como la que le ocurrió al que suscribe", ha indicado.

Por todo ello, existe, a juicio de la víctima, título de imputación contra la administración, puesto que correspondía a los servicios técnicos del Consistorio velar, poniendo los medios personales y materiales necesarios, para que las vías públicas se encuentren en las debidas condiciones de seguridad.