Pocas veces el balance de un primer año de mandato municipal (desde el 12 de junio de 2011, cuando se constituyeron los ayuntamientos tras las elecciones del 22 de mayo) ha sido tan concluyente. Más allá del recuento de dimisiones, mociones de censura o de los proyectos que han centrado la prioridad municipal, en estos meses se ha evidenciado, sobre todo, el cierre de una etapa en los ayuntamientos, que han pasado de ser la primera industria local en muchos casos a ver con claridad la necesidad de redimensionarse a la baja, reduciendo personal por primera vez desde la Transición -la reforma laboral facilitará las cosas-, saneando y clarificando sus cuentas, en un proceso que les deja poco margen para proyectos y promesas electorales y el justo para una gestión austera de servicios básicos.

La crisis se vislumbró en el mandato 2007-2011. La caída de los ingresos que las corporaciones habían manejado por el urbanismo, y que cubrió el desfase entre la financiación que reciben y los servicios que dan, provocó los primeros impagos de nóminas en Huévar o los expedientes de regulación de empleo en Burguillos, Palomares o Almensilla. Pero buena parte de las corporaciones -con excepciones: algo más de decena de municipios que no han tenido incidencias destacables- no tomaron medidas y apostaron por una huida hacia adelante hasta el 22-M, cuando, pese al desgaste, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada en 71 poblaciones, un PP en ascenso lo fue en 13 (Mairena del Aljarafe, Écija o Carmona, entre ellas) e IU, en 16. Se acentuó la práctica de que los ingresos que llegaban al ayuntamiento, al margen de dónde vinieran y para qué, se destinaran a lo urgente, a pagar nóminas. El 12 de junio de 2011, la realidad se impuso: donde cambió el alcalde, se habló abiertamente de colapso y falta de liquidez, que iba a obligar a severas políticas de recortes, con subida de tasas e impuestos municipales, que se han generalizado. Los ejemplos son muchos pero el de Los Palacios -donde medio centenar de trabajadores despedidos se manifestaron hace unos días ante el Ayuntamiento para reclamar sus indemnizaciones- es paradigmático. Las nóminas llegaron a suponer 1,5 millones al mes y ha tenido que firmar créditos por 21 millones para pagar a proveedores.

Donde repitieron las mismas fuerzas (se han producido despidos en Umbrete, del PSOE, y van a afectar a un buen número de personas en Espartinas, del PP, por ejemplo) ha ocurrido lo mismo, aunque se ha culpado a otros, a la coyuntura o las medidas para bajar el déficit. Sólo por ser administraciones se ha evitado el concurso de acreedores en los ayuntamientos, irreversible en parte de las sociedades municipales que proliferaron en años de bonanza. Sin dinero, con una población en situación crítica cada vez más numerosa ante los despachos, teniendo que dar la cara ante proveedores y plantillas para explicar impagos y despidos, hay alcaldes que reconocen que, salvo vocaciones acentuadas, dentro de tres años habrá que "cazar con lazo" a candidatos dispuestos a asumir responsabilidades.

El último hito ha sido el plan de pago a proveedores articulado por el Ejecutivo del PP. El objetivo era saldar la deuda por más de 300 millones que, en el caso de la provincia, se arrastraba con empresas y autónomos por obras, trabajos o servicios realizados, en algunos casos, desde hace más de una década y dar oxígeno al tejido empresarial local. Pero la forma ha sido imponer unos créditos y unos planes de ajuste -que pasan por subidas de impuestos y reducción de la plantilla o sueldos- que encorsetarán la acción municipal en los próximos diez años. El Gobierno actuará de forma subsidiaria si se incumplen, en lo que se interpreta como una intervención de facto, aunque no es la única imposición a la que muchos municipios han llegado a contrapié en estos meses.

En septiembre de 2011, con la socialista Elena Salgado en Hacienda, varios municipios se quedaron ya sin ingresos del Estado por no haber presentado la liquidación de sus presupuestos de 2010 -algunos no habían actualizado su contabilidad en un lustro- en aplicación de La Ley de Estabilidad. El PSOE, con el apoyo del PP, modificó además la Constitución para imponer desde la Carta Magna el déficit cero para los municipios. Y ya se lanzó el globo sonda de la fusión de ayuntamientos, aunque las últimas aseveraciones del PP apuntan a que antes se intentará una redistribución de competencias entre ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas.

En el plano político, ha sido un año relativamente tranquilo, pese a que hay 47 localidades en las que ninguna formación tiene mayoría absoluta. Sólo se produjo una temprana moción de censura en El Saucejo. IU y PP apartaron al PSOE de la Alcaldía. El hecho de que en diez meses se hayan celebrado comicios generales y autonómicos, con visos de que el PP se impusiera en ambos casos -aunque en Andalucía hubo sorpresa-, ha aplazado los movimientos hasta ver qué socio conviene más a nivel local.

Los cambios de alcaldes se han limitado a Albaida -Soledad Cabezón dejó el puesto para ir al Congreso, por la incompatibilidad que el PSOE impuso para que los alcaldes sean diputados- y al más reciente del popular José Antonio Fernández en Benacazón, víctima de un bloqueo político que impidió sacar adelante el plan de ajuste. Accedió a la Alcaldía por un pacto con el PA que se rompió y se interpretó como el paso hacia una moción de censura que no llegó. Se da por hecho que mañana, en el Pleno, será elegida Juana María Carmona (PSOE) como alcaldesa y dejará su puesto en la Diputación como directora de área para hacer frente a una compleja situación, con la espada de Damocles de la retención de los ingresos del Estado.

La moción de censura se ha puesto sobre la mesa en Mairena del Alcor: IU, que entró en el gobierno con PP y PA, negocia ahora con el PSOE y podría repetirse el acuerdo PSOE-IU de la Junta. En Écija, la consolidación del PP -que ha repetido como el más votado en municipales, generales y autonómicas- ha facilitado que el PA entre en el gobierno. Ese acuerdo PP-PA se ha repetido también en Guadalcanal, después de los ofrecimientos que el PSOE le hizo al edil andalucista para una moción de censura.