La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de tres años y cuatro meses de cárcel para el ex alcalde de La Algaba José Luis Vega (IU), al que imputa sendos delitos de cohecho y prevaricación en relación con el presunto intento de cobro a varios empresarios de una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia.

El escrito de la acusación pública, al que tuvo acceso este periódico, señala que el caso se remonta a los acuerdos de la junta local de gobierno del Ayuntamiento de La Algaba de 8 de abril y 19 de mayo de 2005, por el que se concedieron sendas licencias urbanísticas a la empresa Arcopro para la construcción de viviendas en una promoción denominada Hoyo Barrero. En diciembre de 2007 y mayo de 2008, la promotora solicitó la reforma de los proyectos de obra y posteriormente solicitó la licencia de primera ocupación, que rechazada por el entonces alcalde José Luis Vega, quien era "claramente consciente de que no se cumplían los requisitos urbanísticos" para conceder la licencia.

La Fiscalía añade que el 16 de julio de 2008, a pesar de que el regidor conocía que no se reunían todos los requisitos, concedió las licencias de primera ocupación mediante dos decretos y "con el informe desfavorable de la oficial mayor del Ayuntamiento". Este cambio de posición "repentina" del acusado a la hora de conceder las licencias "vino motivado porque había solicitado, de forma indebida y con ánimo de lucro propio, días antes a al empresa Arcopro una cantidad de 60.000 euros, rebajada posteriormente a 30.000 euros, para concederlas", sostiene el fiscal en su escrito de acusación.

El Ministerio Público señala que los representantes y socios de Arcopro se negaron a entregar el dinero y ante la sospecha que Vega tenía de "haber sido grabado en alguna conversación, como así fue, y evitar la difusión pública, otorgó las licencias". La Fiscalía imputa al ex alcalde sendos delitos de cohecho y prevaricación, por los que solicita, además de los tres años y cuatro meses de prisión, el pago de sendas multas de 4.800 y 60.000 euros, así como su inhabilitación especial para empleo o cargo público por un total de 19 años.

El fiscal también ha acusado al ex concejal Antonio Muñoz Molina, al que solicita un año y cuatro meses de prisión, multa de 30.000 euros y cinco años de inhabilitación, como presunto cómplice de un delito de cohecho.

Con respecto a este ex concejal, que era coordinador en el Ayuntamiento y persona "de confianza" de José Luis Vega, el Ministerio Público considera que intervino en el intento de cobro de la comisión "haciendo de correo", por lo que habría supuestamente requerido a la empresa Arcopro con la finalidad de "cumplir con las exigencias del alcalde". Vega calificó ayer de "bochornoso y aberrante" el escrito de acusación de la Fiscalía, ya que, según dijo, se ha presentado "cuando ni siquiera se han practicado todas las diligencias solicitadas" por su abogado. Vega explicó que aún no tiene conocimiento del escrito de la acusación pública, por lo que consideró "atentatorio para su dignidad personal" que se haya enterado por los medios de comunicación. En cualquier caso, el ex regidor aseguró que tiene la conciencia "muy tranquila" y está deseando "demostrar su inocencia", en el caso de que estas acusaciones "lleguen a juicio y también durante las diligencias previas" en el juzgado. Vega añadió que aún tienen que declarar otros dos empresarios, por lo que espera que se "desmonte esta trama y esta gran mentira". El ex alcalde aseguró que el arquitecto municipal avaló la legalidad de las licencias.

Éste es uno de los procesos que tiene actualmente abiertos el ex alcalde de La Algaba, a quien la Fiscalía también ha pedido ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación al haber ordenado a unos operarios municipales que instalaran el toldo de una cafetería que no tenía autorización.