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El alcalde se opone a "las formas" de la expropiación de las canteras romanas
CARMONA
El alcalde se opone a "las formas" de la expropiación de las canteras romanas
El pasado 24 de mayo de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó su expropiación forzosa a cuenta de su "interés social".
EP / SEVILLA | Actualizado 09.08.2012 - 16:51El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha reclamado a la Junta de Andalucía que el procedimiento de expropiación forzosa emprendido por la Administración autonómica sobre las canteras Mayor y Chica de Carmona, enclavadas en la Zona Arqueológica constituida por el antiguo anfiteatro y la necrópolis romana, respete plenamente "los derechos" de los vecinos y propietarios afectados. "No vamos a consentir que sean lesionados los derechos de estas personas o se les deje en la calle", ha advertido el primer edil.
Estas antiguas canteras suman una superficie de 6.220 metros cuadrados y, en 2003, fueron incorporadas a la figura de Zona Arqueológica de la que gozan la necrópolis y el anfiteatro romano de Carmona como bienes de interés cultural (BIC). Aunque las canteras en cuestión mantienen frentes con los planos de extracción perfectamente definidos, la Dirección General de Bienes Culturales considera que su conservación se encuentra amenazada por la situación de "abandono" de las fincas donde se ubican, así como por la proliferación de actividades "incompatibles" en un entorno y la construcción de "edificaciones fuera de ordenación" en sus proximidades.
A tal efecto, el pasado 24 de mayo de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó su expropiación forzosa a cuenta de su "interés social" y al objeto de "eliminar las circunstancias que atentan contra sus valores y seguridad".
Pues bien, en el marco de una entrevista, Juan Ávila ha revelado que este procedimiento de expropiación forzosa ha desencadenado "una polémica" no por el fondo de la iniciativa, sino "por las prisas y las formas" que estarían marcando este procedimiento.
El alcalde de Carmona ha explicado que este procedimiento de expropiación forzosa afecta a "dos o tres familias" que residen en los terrenos sujetos a las expropiaciones y a algunos titulares que sencillamente ostentan la propiedad parcial de los suelos. En ese sentido, ha manifestado que "cae por su propio peso que esas familias, algún día, tienen que desalojar esos suelos, sobre todo porque allí viven en condiciones precarias". El Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, elaborado por el propio Ayuntamiento, contempla de hecho "la recuperación" de las antiguas canteras romanas.
El problema radica, según el alcalde, en que a los residentes y titulares afectados "en un primer momento, no se les explicó nada. Recibieron cartas de expropiación y desahucio y ellos se alarmaron porque parecía que se les expulsaba al día siguiente". "Las formas no han sido las correctas", ha lamentado el alcalde de Carmona, quien ha reclamado un proceso expropiatorio que "proteja los derechos de los ciudadanos e incluya los fondos necesarios para que estas personas cuenten finalmente con una vivienda digna".
"No vamos a consentir que sean lesionados los derechos de estas personas o se les deje en la calle", ha enfatizado el primer edil, toda vez que al menos uno de los afectados ha promovido un recurso de reposición contra el acuerdo que materializaba el procedimiento de expropiación forzosa.
Estas antiguas canteras suman una superficie de 6.220 metros cuadrados y, en 2003, fueron incorporadas a la figura de Zona Arqueológica de la que gozan la necrópolis y el anfiteatro romano de Carmona como bienes de interés cultural (BIC). Aunque las canteras en cuestión mantienen frentes con los planos de extracción perfectamente definidos, la Dirección General de Bienes Culturales considera que su conservación se encuentra amenazada por la situación de "abandono" de las fincas donde se ubican, así como por la proliferación de actividades "incompatibles" en un entorno y la construcción de "edificaciones fuera de ordenación" en sus proximidades.
A tal efecto, el pasado 24 de mayo de 2011, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó su expropiación forzosa a cuenta de su "interés social" y al objeto de "eliminar las circunstancias que atentan contra sus valores y seguridad".
Pues bien, en el marco de una entrevista, Juan Ávila ha revelado que este procedimiento de expropiación forzosa ha desencadenado "una polémica" no por el fondo de la iniciativa, sino "por las prisas y las formas" que estarían marcando este procedimiento.
El alcalde de Carmona ha explicado que este procedimiento de expropiación forzosa afecta a "dos o tres familias" que residen en los terrenos sujetos a las expropiaciones y a algunos titulares que sencillamente ostentan la propiedad parcial de los suelos. En ese sentido, ha manifestado que "cae por su propio peso que esas familias, algún día, tienen que desalojar esos suelos, sobre todo porque allí viven en condiciones precarias". El Plan Especial de Protección del Patrimonio Histórico de Carmona, elaborado por el propio Ayuntamiento, contempla de hecho "la recuperación" de las antiguas canteras romanas.
El problema radica, según el alcalde, en que a los residentes y titulares afectados "en un primer momento, no se les explicó nada. Recibieron cartas de expropiación y desahucio y ellos se alarmaron porque parecía que se les expulsaba al día siguiente". "Las formas no han sido las correctas", ha lamentado el alcalde de Carmona, quien ha reclamado un proceso expropiatorio que "proteja los derechos de los ciudadanos e incluya los fondos necesarios para que estas personas cuenten finalmente con una vivienda digna".
"No vamos a consentir que sean lesionados los derechos de estas personas o se les deje en la calle", ha enfatizado el primer edil, toda vez que al menos uno de los afectados ha promovido un recurso de reposición contra el acuerdo que materializaba el procedimiento de expropiación forzosa.



Las leyes, aunque se respeten, también se prestan a interpretaciones. No me parece mal que un representante (del signo que sea) de su pueblo trate de que éste salga lo menos perjudicado posible de cualquier aplicación legal. ¿O estoy equivocado?
El Alcade y sus asesores desconocen la ley de expropiación, y sobre todo pa parte que trata sobre patrimonio histórico.
Parece justa y apropiada la actitud del alcalde.