El PP andaluz dio ayer un paso más en su empeño por responsabilizar de la situación crítica de muchos ayuntamientos a la Junta y a su falta de control sobre los fondos que les inyectó cuando estaban gobernados por el PSOE, con el caso particular de Burguillos, que con 6.500 vecinos debe hacer frente a casi 70 millones de deuda cuando se liquide la sociedad municipal. El agujero que le ha llevado a declararse "inviable" por unanimidad del Pleno viene de la etapa del ex alcalde, José Juan López, inhabilitado por una licencia de obras ilegal concedida en 2006 e imputado por otros casos. El PP reveló ayer que durante buena parte de los años en los que se produjo ese "descontrol urbanístico" y económico estuvo asesorado por Manuel Caramé García, marido de la ya consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. 

Caramé estuvo contratado como asesor urbanístico de noviembre de 2004 a julio de 2008. Habría recibido directamente -cobraba 909 euros al mes- o facturando a través de un arquitecto de su despacho más de 400.000 euros al Consistorio y al grupo de empresas Burguillos Natural, 100% público, en concurso de acreedores desde 2009. 

El alcalde desde 2011, el popular Domingo Delgado, hizo público un informe del actual interventor que concluye que el contrato de este asesor es irregular, porque ejerció labores propias de un "funcionario público por la independencia que conlleva el asesoramiento". En todo caso, como la cantidad que recibió supera la de un contrato menor, debió hacerse por el procedimiento de contratación de servicios en una administración pública. Se tendría que haber aprobado en el Pleno -algo que no ocurrió- con la correspondiente autorización del gasto y su inclusión en los presupuestos. 

Delgado puso el acento en que en el Ayuntamiento no consta ni un solo papel firmado o informe que acredite su trabajo y que nunca tuvo despacho en el Consistorio. En la sociedad Taller de Arquitectura (del grupo Burguillos Natural) se le facturaron otros 12.260 euros por un reformado del proyecto de parcelación que firma sin tener la titulación necesaria. Un arquitecto de su empresa -aunque el nombre de ésta no aparece- cobró otros 358.000 euros a esta sociedad por la redacción de siete planes parciales y proyectos de urbanización. Fuentes del PSOE apuntaron que ese dinero se pagó a una empresa unipersonal del arquitecto que nada tiene que ver con el marido de Aguayo. 

La financiación de la mayoría no corresponde ni siquiera al Ayuntamiento, según Delgado, sino a los dueños del suelo, a los que no se reclamó el dinero. Los abogados del PP están analizando estos datos para denunciarlos. 

La coordinadora de política municipal del PP-A y diputada autonómica, Carolina González Vigo, subrayó ayer que Martínez Aguayo debe "pedir perdón" y "dar explicaciones" por este caso de "falta de control del dinero público" en un Ayuntamiento que recibió importantes subvenciones de la Junta y la Diputación en esa etapa. Tras el cambio político, se le está reclamando la devolución de más de dos millones que no se justificaron bien o se gastaron en otros fines, recordó. "Es su marido -dijo González en referencia al "asesor e ideólogo"-, ¿la consejera tampoco informó al señor Griñán de esto, como no lo hizo con los informes que advertían de la presunta trama de los ERE?, ¿por qué cobraba por algo que ahora está en los juzgados?", preguntó. La diputada añadió que, "en coherencia, Martínez Aguayo, debía haber dimitido hace mucho" y que hay "demasiadas dudas" sobre ella.