María José Fernández, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, ha convocado para el martes 22, el Pleno de la institución que debe aprobar su disolución y liquidación de forma definitiva, una vez resueltas las alegaciones. Es el trámite que queda para que, formalmente, la deuda que ahora tiene el ente (en el que están integrados siete municipios de Sevilla y cuatro de Cádiz) la asuman directamente los ayuntamientos, en función de la participación que tienen en los estatutos y otros pagos pendientes que tuvieran por los servicios prestados. Ese paso permitirá, entre otras cosas, que los proveedores y el personal afectado por los impagos puedan comenzar a cobrar los salarios y las indemnizaciones que se les adeudan.

Según explicó ayer Fernández, en la propuesta de acuerdo que se llevará a esa asamblea se recoge que los ayuntamientos deben consignar en un plazo de 60 días la cantidad que le corresponda en una cuenta corriente de disolución, para ir pagando. Si no lo hacen, se enfrentarán a embargos. Pero la alcaldesa lebrijana fue contundente en hacer un "llamamiento urgente" para que, "con carácter inmediato", las administraciones (Gobierno central, Junta de Andalucía y diputaciones, citó) arbitren mecanismos que eviten que los ayuntamientos -que quieren pagar esa deuda, insistió- pongan en peligro el pago de las nóminas de su personal y los servicios que prestan. Hace falta algún tipo de anticipo u operación financiera para que puedan hacerlo sin colapsar. "Igual que se arbitran mecanismos para pagar a proveedores, rescatar autopistas o a la banca", dijo la edil, quien admitió que ha encontrado buena voluntad por parte de todas, pero nada en concreto por ahora.

La principal novedad con la que se irá a ese Pleno de liquidación será el acuerdo al que se ha llegado con la Junta para que ésta asuma al menos el sellado de los dos vertederos de la mancomunidad, en Lebrija y en Utrera, unos trabajos que se habían cuantificado en 10 millones de euros. La deuda de la mancomunidad, que se calculó inicialmente en 52 millones de euros, se queda así en 42.

Pero los porcentajes de reparto entre los pueblos se mantienen, con lo que tres de los cuatro municipios de la provincia de Cádiz, que por su tamaño tenían la mayor participación, asumirán las mayores cantidades. Sanlúcar de Barrameda tiene el 27,4%; Rota, el 19,5%; y Chipiona el 14,5%. Después de éstos viene la propia Utrera, con una participación de casi el 11,2%. Lebrija tiene el 8%; Las Cabezas de San Juan, casi el 3,6%; Trebujena el 2,7%. El Cuervo y El Coronil, el 1,9% y el 1,2%, respectivamente; y Los Molares, el 0,9%. El informe de la comisión liquidadora se aprobó en junio de 2013 por mayoría absoluta, pero de forma ajustada: 36 votos a favor y 27 en contra. Entre los que se opusieron, estaban la mayoría de representantes de ayuntamientos gaditanos, incluidos los del PSOE, a pesar de que los de Sevilla votaron a favor. Según Fernández, una de las principales diferencias entre Sevilla y Cádiz era el coste de esos vertederos, que la Junta asumirá directamente.

La semana pasada, la Plataforma de afectados por los impagos de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir había pedido ya una reunión con el presidente del TSJA para solicitarle ayuda y que se ejecuten las sentencias firmes por despidos improcedentes que acumula el organismo, algo para lo que, precisamente, era necesario que se aprobara esa liquidación y que los ayuntamientos asuman la deuda del todo.

Por otro lado, Fernández confirmó que la Fiscalía, a la que el PP elevó las cuentas de la mancomunidad, ya se ha puesto en contacto con el ente para requerirle más información, que se le ha hecho llegar. La edil, que asumió la presidencia de la mancomunidad cuando nadie quería hacerlo, recordó que se colaborará en todo momento con la Justicia.