El Tribunal Supremo investigará la presunta participación del alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), en las supuestas irregularidades relacionadas con la causa en la que se investigan los informes de una frase por los que el Ayuntamiento de esta localidad pagó durante dos años más de 2.000 euros al mes al actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, quien iba en las listas del PP pero no resultó elegido en las anteriores elecciones. La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores Canales, ha decidido remitir al Alto Tribunal la causa para que sea este órgano el que investigue los posibles indicios de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación contra José Luis Sanz, dada su condición de aforado por ser senador, y al estimar que "existirían indicios que pudieran determinar la imputación" del regidor. 

El alcalde de Tomares fue considerado durante mucho tiempo un firme aspirante a suceder a Juan Ignacio Zoido al frente del PP andaluz y candidato a la presidencia de la Junta, aunque finalmente la dirección del partido optó por Juan Manuel Moreno Bonilla. Ahora se ve inmerso, en plena recta final para las elecciones europeas, en una investigación judicial en la que ya están imputados cuatro de sus concejales: el edil de Presidencia y secretario provincial del PP, Eloy Carmona; el propio Juan Campos; la edil de Cultura, Mercedes Fuentes; y la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez. 

El auto de inhibición al Supremo, que tiene fecha del pasado 30 de abril, recuerda que el alcalde firmó en octubre de 2007 un contrato "menor de consultoría y asistencia" para la "inspección de los servicios de limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras", que llevaba aparejada una cantidad fija de 975 euros al mes y otros 150 euros por cada "informe de especial complejidad" que realizara. El contrato se había firmado por un año y no se estipulaba su renovación, si bien Juan Campos siguió facturando en los años 2008 y 2009. La mayoría de los informes por los que se pagaron esos 150 euros en cada ocasión se limitaban a una única frase o línea, e incluían consideraciones muy genéricas. 

Tras la investigación encargada a la Policía Judicial, que intervino diversos ordenadores en el Consistorio, la juez señala que las diligencias practicadas en relación con los informes aportados por Juan Campos "ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas", y considera que se ha acreditado la "veracidad" de las afirmaciones de un técnico que declaró que el concejal le pidió que elaborara "informes para aportarlos". El informe de la Policía Científica concluye que esos documentos fueron "elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año", si bien no se ha podido localizar el ordenador con el que, "en su caso, Campos elaboró los informes que aporta". Dice la juez que incluso las fotografías que ilustran los informes "no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007 y 2008, sino en fechas posteriores" (2011 y 2012) y de ahí concluye que no se ha acreditado que el actual edil de Medio Ambiente "elaborase informe alguno en tal periodo" ni se ha esclarecido "qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas que emitía". Añade la instructora que se ha intentado afirmar que el concejal "informaba verbalmente" de sus gestiones, pero esta afirmación "difícilmente justificaría el cobro de las cantidades correspondientes según el contrato suscrito" para hacer "informes de especial complejidad". 

Campos cobró un total de 52.454,88 euros, pero la juez entiende que el contrato suscrito sólo ascendería a 24.525,8 euros, puesto que un documento firmado el 6 de mayo de 2008 por el alcalde, Eloy Carmona, y el interventor -también imputado- señala que el gasto máximo era de 18.000 euros más IVA por la "ejecución del servicio de vigilancia y coordinación en materia de Medio Ambiente, Tráfico y Seguridad Vial".

Los ediles del PP recurrirán la decisión de la juez

Los concejales del PP anunciaron este lunes en un comunicado que van a recurrir ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto del juzgado de Instrucción número 8 en el que la instructora se inhibe al Tribunal Supremo en el caso de la presunta contratación irregular en el pasado mandato de Juan Campos. Según los ediles, el auto presenta "graves irregularidades", por lo que señalan que solicitarán el archivo. Los ediles populares manifiestan, "desde el más escrupuloso respeto a las decisiones judiciales", que no comparten los argumentos vertidos en el auto ya que la instrucción aplicada hasta el momento por el Juzgado número 8, según afirman, "pone de manifiesto que el Ayuntamiento siempre ha actuado correctamente, ha respetado la legalidad, que las contrataciones se han ajustado a derecho y no se ha defraudado dinero alguno del erario público". Los concejales añaden que, amparándose en nuestro sistema judicial y entendiendo que el auto presenta graves irregularidades, presentarán un recurso ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Por último, los ediles populares mostraron  su "más absoluta tranquilidad y plena confianza en la Justicia, porque quien no ha hecho nada ilegal no tiene nada que temer, por lo que esperan que este asunto se resuelva lo antes posible y se proceda al archivo definitivo" del procedimiento.

Susana Díaz: "Estoy esperando qué explicaciones dan"

La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, dijo este lunes por la noche que está "esperando a ver qué explicaciones dan" sobre la decisión judicial de elevar al Tribunal Supremo la investigación sobre contratos de un concejal del Ayuntamiento de Tomares por la condición de aforado del alcalde, José Luis Sanz, "aquellos a quienes les encanta comentar los autos y piden responsabilidades con mucha ligereza". Díaz se pronunció de este modo durante una entrevista en la red de televisiones locales 8 Andalucía, recogida por Europa Press. "Creo en la coherencia y la coherencia es hacer en tu partido lo mismo que con los demás. Nunca comento los autos en torno a mi gobierno, así que voy a hacer lo mismo con los que afectan al PP, aunque no sé qué van a hacer aquellos a quienes les encanta comentar los autos", dijo la líder del PSOE-A, que prefirió esperar "a ver qué dice su partido". Tras recordar que desde el PP-A se "suelen comentar con bastante frecuencia autos y pedir con mucha ligereza responsabilidades", Susana Díaz aseguró que su actitud de no comentar autos judiciales no se corresponde con un "manual", sino con la "coherencia de creer en la separación de poderes y en el Estado de Derecho".