Hace mucho que los ayuntamientos acuden a empresas para gestionar, por concesión, servicios públicos básicos, como la basura o el suministro de agua. La decisión es a veces controvertida, aunque tiene que ver más con la posición que cada grupo ocupa en el Pleno -gobierno u oposición- que con el color político. Pero en ese recurso habitual hay una tendencia novedosa, que afecta al alumbrado público. Desde hace apenas un lustro, las llamadas Empresas de Servicios Energéticos (ESE) están asumiendo la renovación de los puntos de luz en las calles y plazas con nuevas tenologías más eficientes que permiten el control telemático, el mantenimiento y la factura, que se lleva un buen pellizco del presupuesto municipal, a cambio de una tarifa plana que les paga el ayuntamiento y que se libra así de los imprevistos mientras que dura el contrato. Normalmente, entre diez y doce años, aunque en Sevilla se están haciendo adjudicaciones por 15, en función del tiempo que sea necesario para amortizar la inversión.

En apenas cuatro años, media docena de municipios sevillanos han apostado por el modelo: Bollullos, que fue el primero en 2010, Los Palacios, Espartinas -en este el concurso público está paralizado porque lo recurrió Endesa-, El Saucejo, Pruna y Écija. La mayoría son recientes, porque se trata de procesos largos (con auditorías, estudios, concursos...) que han cuajado en el último año. Pero hay al menos una docena más que lo están estudiando o preparan concursos similares. Según fuentes de Endesa -que a través de Endesa Ingeniería en unión con la italiana Enel Sole, está pujando en los concursos y gestiona el servicio en Bollullos y Pruna y se ha hecho con Écija- se estima que en el próximo lustro entre el 30 y el 40% de los municipios gestionarán así su alumbrado público.

Los datos son aplicables en Sevilla, donde muchas empresas empezaron a trabajar este campo a raíz del Plan E, los fondos con los que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiso evitar el parón de crisis. Algunos aprovecharon para renovar alumbrado, con proyectos de llave en mano, que ejecutaron estas empresas. La Diputación ha financiado auditorías o estudios previos, que han hecho ver la necesidad de efectuar, de un modo u otro, inversiones para ser más eficientes. A ello se han unido otros factores que han acredentado el interés de los políticos por las soluciones integrales: el aumento del IVA, de los precios de la luz, que ha sido un "acelerador", dice Juan Ramón Cortés, de SICE, otra de las empresas que está pujando por los servicios. También los robos de los cables, de cuya reposición se hacen cargo las empresas concesionarias.

El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle (de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida), enumera algunas de las razones por las que la localidad de 38.000 vecinos es una de ellas. En este caso, FCC Servicios Industriales y Energéticos se hizo cargo en julio de 2013 de renovar y sustituir los puntos de luz, muchos de los años 80, fuera de normativa, por el tipo de bombilla y de alumbrado, del modelo globo en el que la luz se dispersa, alejándose del suelo. La inversión ronda los 1,3 millones, imposible para un ayuntamiento que tenía dificultades para comprar bombillas y alquilar la grúa para ponerlas.

FCC ha revisado 5.000 puntos de luz y sustituido ya 600 por bombillas más eficientes y de bajo consumo. Cobra 40.000 euros al mes, 480.000 al año al Consistorio, lejos del 1.178.000 que pagó por la luz en 2010 o los 800.000 euros de 2012, cuando ya comenzaron a revisar potencias y a tomar medidas de ahorro. La concesión es por 15 años -el tiempo considerado de vida útil de los equipos- para amortizar la inversión. El alcalde, que justo en esta etapa ha rescatado el servicio de la basura, se resiste a hablar de privatización, la palabra maldita, políticamente incorrecta y que se repite en todos y cada uno de los plenos en los que se debe aprobar la concesión del alumbrado. El personal que hasta ahora se encargaba de la luz sigue en el Consistorio, recuerda, no ha habido subrogación, trabaja para ahorrar en edificios municipales.

Según David Pinto, el responsable de productos energéticos de Endesa -que monitoriza y controla de forma telemática los alumbrados de 13 municipios españoles desde Sevilla, en el Smart Grid Service Center- esa subrogación de personal depende de las condiciones de los pliegos del concurso. Las empresas suelen seguir contando con la subcontrata que ya tenía el ayuntamiento y su personal o con empresas locales para realizar el mantenimiento en cada sitio y contribuir así al empleo local.

En el caso de El Saucejo, cuyo Ayuntamiento informaba hace tan sólo unos días de la puesta en marcha de un nuevo alumbrado eficiente, la ESE que se ha hecho cargo es Cactus, pero ha sido una empresa local la que ha diseñado los reflectores, Lumisur. La Universidad de Sevilla, a través del catedrático de instalaciones de Arquitectura Navarro Casas y su Grupo de Investigación Tep 130 Group, ha avalado las instalaciones con un estudio.

David Pinto destaca que el ahorro que logran los ayuntamientos con la fórmula tiene que ver sobre todo con el "derroche del alumbrado", más que con el precio de la luz, y pone un ejemplo: el consumo medio del país en este aspecto es de 118 kilovatio hora y habitante, en Alemania está en 48. En cuanto que se apuesta por un alumbrado eficiente, tipo Led, y adecuado -no es necesario tener luz como para leer el periódico en mitad de la calle, de noche, dice- el ahorro es inmediato, aunque para alcanzarlo sea necesaria esa inversión que los ayuntamientos y más ahora no siempre pueden hacer. En Écija, por ejemplo, se van a sustituir el 93% de los puntos de luz, con un ahorro de potencia instalada del 63% y del 73% en el consumo.

En el mismo sentido, Juan Ramón Cortés, de SICE, recuerda que niveles de luz para los que antes se necesitaba una bombilla de 250 vatios, se logran ahora con una de 20, aunque hay que inventir en cambiarlas.

Incluso en los municipos donde ya funciona el sistema, los gruposde la oposición se muestran favorables a las tecnologías a las que se está pudiendo acceder gracias a estas inversiones, más eficientes, que ayudan a que se emita menos CO₂, que alumbran mejor y duran más, pero ponen el acento en que las administraciones públicas superiores debían haber articulado fondos, préstamos para que se pudieran haber acometido los cambios sin ceder la gestión, que el ahorro podría ser mayor. Ahora, dadas las estrecheces y las tutelas para reducir deudas, hay pocas opciones.