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Caso Tomares

La juez confirma que el Supremo debe investigar a José Luis Sanz por los informes de una frase

  • El auto destaca el "posible conocimiento" del alcalde al suscribir los contratos en nombre del Ayuntamiento. Rechaza los recursos de las defensas de los ediles imputados y ahora será la Audiencia la que tenga la última palabra.

La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores Canales, ha confirmado este miércoles que el Tribunal Supremo debe investigar la presunta participación del alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), en las supuestas irregularidades relacionadas con la causa en la que se investigan los informes de una frase por los que el Ayuntamiento de esta localidad pagó durante dos años más de 2.000 euros al mes al actual edil de Medio Ambiente, Juan Campos, quien iba en las listas del PP pero no resultó elegido en las anteriores elecciones. La juez ha dictado un nuevo auto en el que desestima los recursos presentados por los imputados y ratifica su decisión de remitir al Alto Tribunal la causa para que sea este órgano el que investigue los posibles indicios de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación contra José Luis Sanz, dada su condición de aforado por ser senador, y al estimar que "existirían indicios que pudieran determinar la imputación" del regidor.

En la resolución, de cuatro folios, la juez recuerda que en su auto de inhibición del pasado 30 de abril se expuso "de modo pormenorizado" el resultado de las diligencias, "apreciándose indicios suficientes para poder concurrir los elementos del tipo delictivo descrito", en alusión a la malversación. La juez explica que el contenido documental y esencialmente las declaraciones de los imputados y testigos "ponen de manifiesto el posible conocimiento de los hechos por el alcalde de la localidad, al suscribir los contratos en nombre del Ayuntamiento y afirmase que tenía claro conocimiento de la actividad que pudiera realizar Campos, quien frecuentaba su despacho, así como interviniendo en la propuesta de gastos". Por ello, la juez entiende que “no puede descartarse su posible participación o al menos conocimiento de los hechos”, lo que determina que la continuación de la instrucción implique, “en salvaguarda de sus propios derechos e intereses, la necesidad de recibir declaración en calidad de imputado a José Luis Sanz”, diligencia que debe llevar a cabo el Tribunal Supremo.

La juez reproduce la argumentación fáctica y jurídica del auto ahora recurrido, por considerarla "adecuada y pertinente en las circunstancias concurrentes".

La instructora reconoce que los contratos firmados por el alcalde estaban en la causa desde el inicio, pero precisa que la denuncia "no se dirigía frente al mismo", sino que "ha sido a raíz de las sucesivas diligencias de instrucción practicadas" cuando se “pone de manifiesto y se afirma por lo declarantes la posible participación y/o conocimiento suficiente por el mismo en estos hechos".

En la causa están imputados cuatro de concejales de Tomares: el edil de Presidencia y secretario provincial del PP, Eloy Carmona; el propio Juan Campos; la edil de Cultura, Mercedes Fuentes; y la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez. En el auto, la juez rechaza la petición de esta última edil, que se mostró de acuerdo con la inhibición pero pidió el archivo de la causa contra ella, por cuanto la instructora recuerda que el auto recurrido no implicar una imputación de persona alguna, “al ser ello el contenido de la resolución a dictar cuando finalice la instrucción”, sin que proceda ahora resolver ni la continuación del procedimiento ni el sobreseimiento del mismo respecto a todas o alguna de las personas que han sido llamadas a declarar en tal condición, "debiendo estarse a la finalización de la instrucción", asevera la magistrada.

El pasado 30 de abril, la juez dictó el auto de inhibición al Supremo, en el que recordaba que el alcalde firmó en octubre de 2007 un contrato "menor de consultoría y asistencia" para la "inspección de los servicios de limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras", que llevaba aparejada una cantidad fija de 975 euros al mes y otros 150 euros por cada "informe de especial complejidad" que realizara. El contrato se había firmado por un año y no se estipulaba su renovación, si bien Juan Campos siguió facturando en los años 2008 y 2009. La mayoría de los informes por los que se pagaron esos 150 euros en cada ocasión se limitaban a una única frase o línea, e incluían consideraciones muy genéricas. 

Tras la investigación encargada a la Policía Judicial, que intervino diversos ordenadores en el Consistorio, la juez señala que las diligencias practicadas en relación con los informes aportados por Juan Campos "ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas", y considera que se ha acreditado la "veracidad" de las afirmaciones de un técnico que declaró que el concejal le pidió que elaborara "informes para aportarlos". El informe de la Policía Científica concluye que esos documentos fueron "elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año", si bien no se ha podido localizar el ordenador con el que, "en su caso, Campos elaboró los informes que aporta". 

Decía entonces la juez que incluso las fotografías que ilustran los informes "no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007 y 2008, sino en fechas posteriores" (2011 y 2012) y de ahí concluye que no se ha acreditado que el actual edil de Medio Ambiente "elaborase informe alguno en tal periodo" ni se ha esclarecido "qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas que emitía". Añade la instructora que se ha intentado afirmar que el concejal "informaba verbalmente" de sus gestiones, pero esta afirmación "difícilmente justificaría el cobro de las cantidades correspondientes según el contrato suscrito" para hacer "informes de especial complejidad". 

Campos cobró un total de 52.454,88 euros, pero la juez entiende que el contrato suscrito sólo ascendería a 24.525,8 euros, puesto que un documento firmado el 6 de mayo de 2008 por el alcalde, Eloy Carmona, y el interventor -también imputado- señala que el gasto máximo era de 18.000 euros más IVA por la "ejecución del servicio de vigilancia y coordinación en materia de Medio Ambiente, Tráfico y Seguridad Vial".

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