Una decisión pionera. El juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla ha suspendido definitivamente la demolición de una construcción ilegal, edificada en el año 2005 en suelo no urbanizable, amparándose por primera vez en el decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existente en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma.

La abogada Vanesa Villegas, del bufete Sanguino y Asociados, explicó ayer a este periódico, que en este caso el juzgado condenó inicialmente por un delito contra la ordenación del territorio al matrimonio propietario de la construcción a un año de prisión, al pago de una multa y a la demolición de la edificación, una nave industrial.

Sin embargo, la juez ha decidido finalmente suspender la demolición al regularizar la situación de esta construcción que estaba pendiente de demolición y que ahora se ha equiparado con un supuesto de Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), una de las fórmulas que contempla el mencionado decreto autonómico para regularizar este tipo de construcciones ilegales.

La juez de lo Penal número 8 ha dictado precisamente un auto en el que admite esa fórmula y suspende la demolición que hasta ahora estaba pendiente de ejecutar. La letrada Vanesa Villegas indicó que, al amparo de este decreto, la construcción edificada en su día en suelo no urbanizable ya no será demolida, aunque los propietarios pagaron la sanción correspondiente. La abogada señaló que, con esta decisión judicial, los dueños de la construcción podrán conservar el inmueble en su condición de Asimilado Fuera de Ordenación.

Una vez legalizada la situación de esta construcción, los dueños también podrán proceder a su inscripción en el registro de la propiedad del inmueble y a la realización de otras actuaciones que hasta ahora no estaban permitidas, como la constitución de una hipoteca sobre el mismo o la contratación de un seguro.

La letrada confió en que esta sentencia pueda llevar a los jueces a aplicar esta solución contemplada en el decreto autonómico como respuesta al fenómeno de las construcciones ilegales.