Las asociaciones de Juzgados de Paz están dando instrucciones a los titulares de este servicio para que dejen constancia por escrito de cualquier acto de mediación o conciliación, por nimio que parezca y aunque se resuelva de forma amigable, para que esa labor callada que, según destacan, evita que muchos conflictos entre vecinos terminen en un litigio en los saturados juzgados de Instrucción sea calibrada en su justa medida y se frenen los firmes intentos por vaciar de contenido cuando no de eliminar esta figura de "Justicia de proximidad". De hecho, en el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta, que ha dejado el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón, se prevé, entre otras medidas que están siendo muy cuestionadas en los pueblos, su desaparición.

Así lo destaca Francisco Lasheras, presidente de la Asociación Democrática de Juzgados de Paz, de la Federación de Asociaciones e integrado en la Red Europea de Jueces de Paz, quien subraya que en las estadísticas que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) no constan todos los actos reales en los que, al margen de la función delegada del Registro Civil que tienen, intervienen estos jueces no profesionales: son propuestos por los ayuntamientos cada cuatro años, nombrados por el TSJA y reciben una inmenización según los habitantes de cada sitio que se publica en los Presupuestos del Estado. La crisis ha aumentado el número de los que se ofrecen, pese a que no implica alta en la Seguridad Social y los casos en los que se recurre a la votación. Incluso se ha intentado un sorteo, que fue rechazado por la Justicia.

Pero, por su propio origen, estos jueces legos solventan muchos asuntos con acuerdos de palabra, haciendo valer el carisma y el conocimiento sobre sus vecinos, ayudando a la convivencia y a la "armonía", dice Lasheras, pero sin dejar constancia escrita de ello. Son muchas pequeñas disputas entre vecinos, entre familiares incluso, asuntos que provocarían hasta chanza en un juzgado ordinario pero que si no se encauzan a tiempo pueden derivar en un conflicto mayor y en la justicia ordinaria.

Pero, ciñéndose a las estadísticas, los datos del INE de 2013, publicados en junio pasado, por los 85 juzgados de Paz de Sevilla pasaron algo más de 98.600 asuntos, un 2,6% más que en 2010. De ellos, 55.065 fueron civiles, un 8% más que en ese año, y se resolvieron otros 43.542 penales, aunque en este caso la cifra se redujo con respecto a los 45.200 de 2010. En el caso de los casos civiles, buena parte de ese incremento tiene que ver con los exhortos, las solicitudes de cooperación de otros juzgados que se han disparado en estos años de crisis, fruto de los numerosos desahucios, y lanzamientos que se han dado. En concreto, han pasado de 46.866 en 2010 a 48.405. Según Lasheras el incremento ha sido exponencial desde 2008 y sólo ahora empieza descender.

En el caso de los asuntos penales, el año pasado los jueces de paz celebraron 1.540 juicios de faltas, un 36% más si se toma de nuevo como referencia 2010, que evitaron así que engrosaran los juzgados ordinarios y en el mismo lugar además donde donde residen los vecinos, evitando desplazamientos y costes adicionales. También aumentaron los exhortos penales que atendieron.

Según las mismas fuentes, en estos últimos años está cambiando el perfil de los jueces de Paz en Sevilla. Han pasado de ser personas carismáticas en sus municipios -en todos los que no hay un Juzgado de Instrucción y Primera Instancia-, pero sin titulación universitaria, a tenerla con más frecuencia, incluso en Derecho. Entre las incorporaciones recientes destacan las mujeres que, pese todo, son poco más del 30% todavía.

La Asociciación de Jueces de Paz pone en valor el otro aspecto que les atañe directamente y que se pretende cambiar igualmente con esos cambios legislativos: el de las funciones del Registro Civil que tienen delegadas desde 1875. Se ha barajado que las inscripciones de nacimiento, de matrimonio o defunción y expedición de cualquier tipo de certificado relacionado pasen a manos de registradores de la propiedad o a los registros mercantiles y los legajos históricos, que reflejan en última instancia la historia de los pueblos, sean trasladados al Registro Central, porque se considera que una parte está ya digitalizada y muchos trámites se pueden resolver con las nuevas tecnologías. Pero Lasheras defiende que, al margen de que esto último es todavía más un deseo que una realidad, sacar esos registros de los pueblos es alejarles de una parte de la historia que atesoran y que les pertenece.