La Audiencia de Sevilla ha condenado a 20 años y nueve meses de prisión a Francisco Gutiérrez Carrasco por el asesinato de su hermano Manuel, al que efectuó tres disparos en la mañana del domingo 16 de junio de 2013 en una nave familiar ubicada en el polígono La Jarilla de La Rinconada.

El fallo condena al acusado a indemnizar con 301.000 euros a la viuda y a los tres hijos del fallecido, y le impone además la prohibición de residir y acudir a La Rinconada durante otros cinco años después de que cumpla la condena.

La sentencia se produce después de que el jurado popular que enjuició el caso emitiera un veredicto de culpabilidad, al considerar por unanimidad de sus nueve miembros que Francisco Gutiérrez mató a su hermano sobre las 13:30 horas del 16 de junio de 2013, efectuando tres disparos a corta distancia "sin que Manuel pudiera defenderse ni reaccionar". El jurado también declaró probado que el acusado tenía en su poder un arma corta modificada para disparar munición y que carecía del oportuno permiso. Este arma fue utilizada unos meses antes en el intento de homicidio del aristócrata Jaime Melgarejo, una investigación que sigue bajo secreto de sumario.

Tras este veredicto, el magistrado José Manuel Holgado ha condenado al acusado a 18 años y nueve meses de prisión por el delito de asesinato, y a otros dos años de cárcel por el delito de tenencia ilícita de armas.

El magistrado concluye que Francisco Gutiérrez Carrasco disparó "de forma sorpresiva y alevosa" contra su hermano Manuel "con palmario propósito de acabar con su vida", algo que el jurado basó en el informe de los médicos forenses, quienes señalaron que tenían la impresión de que el agresor "era alguien conocido de la víctima porque no había elementos que hicieran pensar que hubo una situación de sobresalto ni de sorpresa por la presencia de esa persona", mientras que los forenses que examinaron el cadáver de la víctima tampoco apreciaron la existencia de signos de lucha ni de defensa o forcejeo.

Tras analizar el veredicto del jurado, el magistrado que presidió el tribunal destaca que existe prueba de cargo indiciaria suficiente para atribuir el asesinato al acusado, por cuanto éste reconoció que siempre había tenido problemas económicos con su hermano y tenían que "ajustar cuentas" porque le debía 30.000 euros, una deuda que le exigió en varias ocasiones.

La abogada María José González, que ejerció la acusación particular en este caso, aseguró ayer que la familia está "satisfecha" con esta sentencia y considera que "se ha hecho justicia".

Por su parte, el letrado Nicomedes Rodríguez, que defiende al acusado, anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado que en el juicio sostuvo que no había pruebas contra su cliente y pidió la absolución.