El director de Recursos Hídricos de la mina Cobra Las Cruces, Juan Carlos Baquero, ha negado este jueves ante el juez que se hayan causado daños al dominio público hidráulico por la extracción de agua del acuífero Gerena-Posadas. El directivo, que ha prestado declaración como imputado ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, ha asegurado que no se provocó un déficit en dicho acuífero, ya que, según ha dicho, existe un superávit del 68%, según explicaron fuentes del caso.

La declaración se produce en el marco de la investigación abierta en su día por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, tras la denuncia presentada en septiembre de 2013 por la organización Ecologistas en Acción. En el curso de esa investigación se detectó una presunta extracción ilegal de agua del acuífero Gerena-Posadas de 2.592.201 metros cúbicos por encima de lo autorizado, entre los meses de noviembre de 2010 y noviembre de 2013, lo que habría ocasionado unos daños a dicho acuífero que se han evaluado inicialmente en 289.636 euros.

En la denuncia que dio lugar a la apertura de esta causa judicial, por el posible "abuso y sobreexplotación de las aguas subterráneas", la Fiscalía explicaba que Cobre Las Cruces tenía autorizada una concesión de aguas públicas remanentes y aguas estrictamente subterráneas de la explotación minera, que incluía el volumen máximo a detraer de 1.800.000 metros cúbicos al año. No obstante, mediante una resolución del director general del Dominio Público  Hidráulico de la entonces Agencia del Agua, se autorizó la modificación de las características relativas a las actividades de drenaje-inyección, permitiendo extraer un total de 408.669 metros cúbicos al año, y por  otra resolución se autorizó una compensación de volúmenes total de 181.000 metros cúbicos anuales.

Según la Fiscalía, lo "esencial" de los hechos denunciados está en determinar la pérdida neta del acuífero sumando las precedentes del sistema de drenaje-inyección, un déficit derivado de que se extrae mucho más de lo que la empresa ha reinyectado a las aguas del fondo de la corta minera –aguas que caen en la corta menos el volumen total de aguas que hay en la misma-.

Un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cifra en esos 2,5 millones de metros cúbicos las aguas detraídas entre noviembre de 2010 y noviembre de 2013.

La Fiscalía llegó a pedir en el curso de las investigaciones un informe acerca de si hubo problemas de desabastecimiento en la localidad de Burguillos en el año 2010, y concluyó en su denuncia que el sistema de la mina Cobre Las Cruces tiene un equilibrio "ya afectado antes de comenzar la actividad minera hasta el punto de que administrativamente se propuso como acuífero sobreexplotado y en mal estado cuantitativo".

Sin embargo, en el curso de las investigaciones no ha podido determinarse que los excesos en las detracciones "afecten a surgencias naturales catalogadas ni tampoco puede establecerse, según el Instituto Geológico Minero de España la conexión hidráulica dentro del sector comprendido entre los ríos Guadiamar y Rivera de Huelva, donde se ubica Burguillos". 

La denuncia adjunta informes periciales y las inspecciones de vigilancia del dominio público hidráulico de la Comisaría de Aguas, con lectura de todos los contadores de volumen, detectándose incluso "la manipulación de dos ellos", y en general la extracción por drenaje de "mucha más agua que la reinyectada, sin compensarlo por retorno a la masa del acuífero".

La Fiscalía entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de daños en bienes de dominio público del artículo 263.2.4 del Código Penal.