Área Metropolitana

La Junta buscará una solución única para los 9 consorcios de transporte

  • La incertidumbre jurídica podría agravar los problemas del servicio, que ha sufrido recortes y varias amenazas de huelga.

La Consejería de Fomento y Vivienda está buscando una solución conjunta para los nueve consorcios de transporte de la comunidad autónoma y que, como el de Sevilla, han quedado en un limbo legal porque, a pocos días de que acabe el año, no se ha culminado la adaptación de los estatutos a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local. Ello ha ocurrido porque en contra del criterio de IU, con Elena Cortés al frente de la Consejería y los consorcios, y del PSOE, el PP se opone a que en ellos se mantenga la actual estructura. Si antes ya era así, la nueva ley de administración local deja más claro que el transporte interurbano es competencia de la comunidad autónoma y, en todo caso, está obligada a coordinarse con los municipios de más de 50.000 vecinos, que deben prestar servicio urbano de viajeros. Sólo entran en ese grupo la capital, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra -porque Utrera, que también supera esa cifra, nunca llegó a entrar en el Consorcio- y no el resto, localidades más pequeñas y, bastantes de ellas, con problemas económicos para mantener servicios que sí les competen.

Pese a ello, según el PP, en los estatutos que la Junta llevó al último consejo de administración, que finalmente se suspendió, se mantenía la estructura actual: 45 ayuntamientos que aportan, entre todos, el 50% de la financiación, más el 5% que pone la Diputación, mientras que la Junta se queda con el 45%. Hasta 2017 no estaba previsto que esas aportaciones municipales bajaran y el PP se pregunta por qué no ahora. Puede que se confíe en que la liquidez de las arcas andaluzas sea mejor entonces. O en que ya se verá. De momento, la Junta se limita a contestar que sigue buscando soluciones con una "visión regional" para los consorcios -uno por provincia, más el del Campo de Gibraltar-, que el proceso de "adaptación" a la ley se "deberá culminar a lo largo de 2015" y que lo que hay detrás de su apuesta no es más que una forma de entender el servicio, "desde la colaboración con los ayuntamientos y las instituciones provinciales", con un "enfoque municipalista".

Por eso "en la propuesta realizada queremos que estas otras administraciones sigan teniendo la misma representación y participación en el consejo de administración". La Consejería subraya además que se trata de un servicio "clave" para las áreas metropolitanas y responde al "modelo sostenible" que se defiende desde la Consejería y atañe al desplazamiento a centros educativos, administrativos, sanitarios y, habitualmente, de vecinos con pocos recursos.

Pero ni uno ni otro acierta o quiere explicar lo más importante: ¿Cómo afectarán a los usuarios de los autobuses este problema? Varias veces ya, ha habido amenazas de huelgas en las empresas operadoras a las que se les paga con retraso y que, a su vez, se demoran con las nóminas a su personal. ¿Qué pasará en 2015 si, ya con el modelo actual, el déficit acumulado en el consorcio es de nueve millones de euros? La reducción al 50% de la frecuencia de paso de los llamados servicios de mejora, que se introdujeron a partir de 2002 cuando se constituyó el consorcio, no ha servido para ajustar números y ha habido que hacer una aportación adicional este año. Nadie aclara hasta cuándo, si todo sigue igual, los ayuntamientos tendrán que seguir pagando o pueden negarse.

Las diversas leyes que ha venido aprobando el Estado dejan claro además que un ente de este tipo que no haya corregido su déficit debe disolverse antes de que acabe 2015. La liquidación sería también un asunto espinoso, porque cada integrante tendría que asumir la parte que le toque del déficit que haya, que no sería pequeño.

El PP insiste en la misma idea: no es una competencia local, es de la Junta y, de hecho, con muchas deficiencias o descoordinados, los autobuses funcionaban antes del consorcio. Ahora, se podría crear también una agencia pública para prestar el servicio o lo podría asumir una Consejería. Las formas están por determinar pero el reto es el de siempre: que una aglomeración urbana que funciona como una ciudad única no siga dependiendo de reinos de taifas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios