Casi 17 años después de que la rotura de la balsa de residuos tóxicos y aguas ácidas de la Mina de Aznalcóllar -el 25 de abril de 1998- provocara el mayor desastre ambiental hasta entonces en Europa, Boliden Apirsa, la multinacional sueca que la explotaba entonces, no ha pagado nada de lo que costaron las tareas de limpieza. Fueron alrededor de 130 millones de euros, de los que 90 los puso la Administración andaluza y el resto, el Estado. 

El proceso penal que se inició contra la empresa, por las condiciones en las que se mantenía la balsa y por no haber previsto su rotura, en el que se investigó también a subcontratas encargadas de la supervisión y a la propia Administración, se archivó sin resultados. Pero todavía no se ha cerrado la reclamación civil por el dinero que costó la retirada de los residuos y la restauración ambiental en las 4.000 hectáreas del entorno del río Guadiamar a las que afectaron los lodos. 

El secretario general de Innovación, Energía, Industria, Vicente Fernández, preguntado al respecto, explicó este jueves que esta misma semana los servicios jurídicos de la Junta han vuelto a presentar por la vía civil una reclamación de cantidad por esos 90 millones de euros, más los intereses generados. 

Se está en el mismo punto, en la misma "casilla de salida", dijo, que cuando esa misma reclamación se puso por primera vez, en 2001, por las dudas que se han producido sobre qué tribunal es el competente. Hace 14 años, como ahora, la Junta acudió a la vía civil, pero el juez de primera instancia que le tocó y la Audiencia de Sevilla concluyeron que la vía correcta era la administrativa. 

Se puso una nueva demanda conforme a ese criterio, que terminó en el Tribunal Supremo y que dijo que había que volver a la vía civil. Intervino el Tribunal de Conflicto de Jurisdicción, que falló en el mismo sentido. Poco después del vertido, Boliden renunció a la explotación y se fue de Aznalcóllar, en el año 2001.