El delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, defendió la gestión y el papel del Gobierno andaluz en la negociación sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por el Ayuntamiento de Almensilla, que afectará a 24 trabajadores de 82 trabajadores, que tiene el visto bueno de su departamento y que se ha apoyado en un informe de la Inspección de Trabajo. No obstante, apuntó que se remitirá a la Fiscalía por si ha habido "irregularidades" en su tramitación o en la motivación económica del mismo y evitar así que "cunda el efecto llamada" entre los consistorios. "Queremos que todo el mundo revise bien sus situaciones financieras y se ajusten a la realidad", insistió.

El delegado destacó que la Junta ha tenido una "participación muy activa" en este conflicto. Ha mantenido "varias reuniones con representantes sindicales, del comité de empresa y el Ayuntamiento". En estos encuentros se dejó claro que la Consejería de Empleo "no iba a ser vehículo ni instrumento para abaratar costes de despido" y que "todos los ERE que se presenten se van a trasladar a la Fiscalía por si se veían irregularidades y para que no cundiera ese efecto llamada".

"Hemos tratado de buscar elementos de unión entre las partes", agregó, y precisó que en el proceso de negociación pidió a la Inspección de Trabajo que obtuviera las cuentas de los últimos tres ejercicios presupuestarios. La Inspección realizó un informe, pues se cumplía el plazo de vencimiento del ERE, sobre la situación económica del Ayuntamiento, en el que se constataba que ésta "pone en riesgo la continuidad de la prestación de servicios esenciales y de los salarios del personal laboral, por lo que el ERE debía autorizarse". Una de las causas de la situación financiera es que el Ayuntamiento ha tenido más personal que el "establecido en el Presupuesto". En función del informe, se autorizó el ERE.

Además, la Junta requirió al Ayuntamiento "un certificado" sobre el compromiso que adquirió con los trabajadores para indemnizarles con entre 45 a 60 días por año trabajado. Rivas, que se mostró "convencido" de que será así y explicó que en la resolución favorable al ERE se habla de 45 días de indemnización porque es el máximo que se permite por ley, aunque después el Consistorio podrá ofrecer más.

"La Administración autonómica ha considerado que mantener esos puestos de trabajo era imposible por la situación económica del Ayuntamiento de Almensilla, como demuestra el informe de la Inspección, por lo que ha forzado y presionado a una mediación para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores que salgan a la calle y evitar que se marchen con menos dinero, hasta alcanzar una indemnización adecuada", aseveró el delegado de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla. Éste reconoció, finalmente, que a pesar de los "múltiples ejemplos" no le parece lógico que "sea un Ayuntamiento el que se vea abocado a esta situación de expediente de regulación de empleo".