Una destitución con visos de ser temporal. La Junta de Andalucía destituyó este martes de su cargo a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, tras ser imputada -junto a otras seis personas-por el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar al Grupo México-Minorbis en detrimento de la denunciante, la empresa Emerita. Se trata del primer cese de un alto cargo de la Administración autonómica en la nueva legislatura de Susana Díaz por una causa judicial. El Ejecutivo regional dejará vacante dicha plaza a la espera de que se resuelva la investigación que lleva a cabo la juez de instrucción número 1 de Sevilla, Patricia Fernández. En caso de que quede demostrada la inocencia de Asensio, será restituida en su cargo.

Ni 24 horas han hecho falta para que las declaraciones del portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, se hicieran realidad. El pasado lunes Jiménez apuntaba a que la Junta se mantendría firme en su posición de no contar en el organigrama de altos cargos con personas que estuvieran imputadas en los tribunales. El caso de la directora general de Minas no iba a ser una excepción. Tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer -el primero al que no acude Susana Díaz al estar de baja maternal- el vicepresidente del Ejecutivo andaluz, Manuel Jiménez Barrios, confirmaba el cese de María José Asensio tras ser imputada por presunta prevaricación en el caso Aznalcóllar, según la resolución judicial. El auto, por cierto, reduce de cuatro a uno los delitos por la adjudicación del yacimiento minero, al descartar los de cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal y sólo tener en cuenta el de prevaricación.

Dicha disminución de cargos lleva a Jiménez Barrios a defender "el trabajo" de la hasta este martes directora general de Minas y los otros seis imputados. "Ya no se habla de cohecho ni de corrupción, ni se cuestiona que los procedimientos se hayan desarrollado sin rigor, ahora se investigan aspectos muy concretos de la adjudicación", aseveró el vicepresidente andaluz. "El auto de la juez se centra en cuestiones como los suelos con derecho mineros, la valoración de la oferta económica de la empresa adjudicataria o el plan de aguas presentado", continuó Jiménez Barrios, que quiso restar importancia a este caso al incidir en que "sobre todo esto no se está investigando un delito de corrupción".

Las declaraciones del vicepresidente sirven para arremeter contra los partidos de la oposición -especialmente PP, Podemos e IU-, que consideran que el caso de la mina de Aznalcóllar es el primer "escándalo" de la nueva legislatura de Díaz. Frente a estas críticas, el segundo mandatario andaluz mantiene que se trata del cese de un alto cargo "no imputado por corrupción, sino por prevaricación".

El intento por restar importancia al proceso judicial está en línea con la decisión de la Junta de dejar vacante la dirección de Minas hasta que acabe la causa. "El cese se produce para que la investigación sea más clara y haya una mayor transparencia en esta adjudicación", sostiene el vicepresidente. Por tanto, dicho puesto no se cubrirá hasta después del 17 de septiembre, jornada en la que acabarán las comparecencias fijadas por la juez.

Las competencias las asumirá mientras la subdirectora de Minas, Susana de Sarria Sopeña. "No va a haber ningún vacío de poder, porque este departamento cuenta con un equipo suficiente", resaltó Jiménez Barrios, que ha exigido un "cuidado exquisito" hacia el "honor de las personas" implicadas en la denuncia. La "confianza" en el trabajo realizado por los imputados es tal que el propio vicepresidente adelantó que en caso de que se demuestra la inocencia de Asensio y su equipo, "será restituida del cargo en que ha cesado".

Lo cierto es que mientras el proceso judicial siga abierto, pocas son las expectativas para que se reabra el complejo minero por parte de la adjudicataria. El anuncio del concurso se produjo a pocos meses de los comicios andaluces, una coincidencia que los partidos de la oposición valoran como un "acto electoralista". Los vecinos de Aznalcóllar se manifestaron el pasado lunes -convocados por CCOO- para exigir que el yacimiento retome inmediatamente la actividad, una petición que también ha realizado el portavoz de IU, Antonio Maíllo, quien asegura que la Junta puede reabrir la mina con independencia del litigio judicial. Desde el Gobierno andaluz se habla de "cautela" y no salir "del marco legal" en la reapertura.