La Fiscalía de Sevilla pide dos años de cárcel para Manuel Bravo García, que fue el concejal de Urbanismo de Arahal en el anterior mandato, por dictar quince resoluciones sin tener en cuenta los informes jurídicos y técnicos municipales contrarios y amparándose en una comisión sin validez.

El ex concejal, que pertenecía al Partido Socialista Independiente de Arahal, "prescindía del procedimiento legalmente establecido" para las resoluciones urbanísticas que adoptó y no atendía los informes del secretario y el arquitecto municipal, según recoge el escrito del fiscal. Además se amparaba en el informe emitido por la "Comisión Informativa de Obras y Licencias Urbanísticas", que no está prevista en ninguna disposición legal y cuyos dictámenes no son ni preceptivos ni vinculantes, señala el fiscal, que pide la apertura de juicio oral.

Además de los dos años de cárcel, el fiscal pide inhabilitación especial para empleo o cargo público durante diez años para el exconcejal de Urbanismo.

Entre las resoluciones contrarias a los informes municipales, el encausado otorgó licencias para ocho viviendas, tres pozos, un cambio de uso de edificación, una cochera, el vallado de una finca y otra licencia de edificación destinada a exposición de maquinaria de alquiler. El fiscal considera que en este caso, que se instruye en el juzgado de instrucción 2 de Marchena (Sevilla), el exconcejal cometió un delito continuado de prevaricación urbanística. En una de las decisiones, "la licencia no era ajustada a Derecho por falta del proyecto técnico o la certificación acreditativa de la aptitud par el uso y respeto de los Servicios Urbanísticos"; y en otra la "licencia era inviable por no ajustarse lo construido al proyecto con exceso de edificación y obra sin concluir".

En otro informe técnico, "se ponía de manifiesto que se superaba con la edificación el exceso de superficie permitida y que la obra no estaba acabada", y en otra resolución concedió licencia a pesar de que "la obra no había concluido, por lo que no puede acreditarse que sea apta para el uso pretendido", según el fiscal.

En las licencias de primera utilización para los pozos, el encausado incumplió la ley en materia de agua y minas, precisa la acusación del Ministerio Público.