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Caso Aznalcóllar

La juez que investiga el caso Aznalcóllar rechaza imputar a otro alto cargo de la Consejería

  • Argumenta que aunque las llamadas realizadas puedan resultar “cuestionables” no son constitutivas de delito alguno.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que investiga las presuntas irregularidades en el concurso público para la adjudicación de la reapertura de la mina de Aznalcóllar, no considera que deba imputarse al secretario general de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Vicente Fernández, ni que haya que investigar el patrimonio de Ángel Joaquín Maestre García, tal y  como le había solicitado Emerita, le empresa perdedora y que ejerce la acusación particular.

La juez señala que en un auto que "por más cuestionable que pueda resultar que un Secretario General realice llamadas para interesarse por el curso de un proceso de negociaciones entre empresas privadas convocadas a participar en un concurso público, la evidencia de la llamada realizada en abril del 2014 no es encuadrable en ningún tipo del Código Penal" .

En la resolución, la instructora también indica que no es lícito que el juzgado desarrolle diligencias de investigación respecto del aspecto patrimonial u otros relacionados con el señor Maestre dado que no ha sido citado en ningún momento como imputado o investigado, y por tanto supondría una extralimitación inadmisible en la labor instructora.

La juez informa que, en respuesta a su petición del pasado mes de mayo relativa a la elevación de la cota de lámina de agua en la corta de Aznalcóllar, en el juzgado se acaba de recibir de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), una copia del oficio de 18 de febrero de 2014 del entonces Comisario de Aguas de dicho organismo dirigido a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo, en concreto a la Dirección General De Industria, Energía y Minas, referente a la mina de Aznalcóllar y copia del oficio de fecha 26 de febrero de 2014 de la presidencia de la misma confederación, dirigido a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo, Dirección General De Industria, Energía y Minas.

Respecto del informe pericial sobre aspectos técnicos y económicos que la empresa Emérita se compromete a aportar a la causa, la magistrada insiste en el auto que lo aporte "a la mayor brevedad", teniendo en cuenta que la presente investigación se encuentra abierta desde hace varios meses y que no resultaría justificado prolongar las actuaciones, dilatándolas innecesariamente cuando ya se ha alcanzado la necesaria acreditación de lo realmente acontecido.

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